Mtro. Gerardo Galicia
Durante casi tres meses, miles de poblanos cambiaron su rutina por el miedo.
Salir de casa por la Vía Atlixcáyotl significaba mirar constantemente el retrovisor. Los impactos de bala aparecían en parabrisas, puertas y carrocerías. En redes sociales circulaban fotografías y videos mientras una pregunta se repetía todos los días:
¿Quién disparaba contra automovilistas en una de las zonas más vigiladas y exclusivas de Puebla?
La respuesta llegó con la detención de Rafael Zabalza Beraza, empresario español de 65 años, señalado por la Fiscalía General del Estado como el presunto responsable de al menos una decena de ataques armados contra automovilistas. La investigación sostiene que utilizaba una camioneta GMC Denali sin placas para desplazarse por distintos puntos de la Atlixcáyotl, sin horarios ni patrones definidos, lo que dificultó su localización. Durante el cateo a uno de sus domicilios, presuntamente abrió fuego contra los agentes ministeriales, por lo que ahora enfrenta también cargos relacionados con tentativa de homicidio, además de que fueron aseguradas armas largas, armas cortas, cartuchos y dinero en efectivo.
Hasta aquí hablan los hechos.
Pero detrás del expediente penal existe otra historia que merece ser revisada.
Porque Rafael Zabalza no era un desconocido en Puebla?
Durante más de dos décadas construyó una trayectoria empresarial ligada principalmente al sector farmacéutico, biotecnológico y de equipo médico. Diversos registros públicos y publicaciones periodísticas lo ubican como empresario con participación en compañías como Biotecnología CADO, además de negocios relacionados con gasolineras y proyectos tecnológicos.
Su nombre apareció desde hace años en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos públicos del sector salud.
Columnistas especializados documentaron que empresas vinculadas con él obtuvieron contratos millonarios para mantenimiento de equipo médico y suministro de insumos durante administraciones estatales anteriores, particularmente en la época del gobernador Mario Marín Torres. Entre los antecedentes hemerográficos se mencionan adjudicaciones superiores a 94 millones de pesos, así como otros contratos públicos que generaron cuestionamientos en su momento. Es importante señalar que esos señalamientos periodísticos no derivaron, hasta donde existe información pública, en una sentencia judicial en su contra.
También existen registros públicos de su presencia en reuniones institucionales y proyectos empresariales vinculados con actores políticos y universitarios durante distintos años. Tener relaciones con gobiernos o participar como proveedor del Estado no constituye, por sí mismo, una conducta ilegal. Lo que sí corresponde preguntar es si esas relaciones pudieron contribuir a generar una percepción de influencia o de cercanía con el poder.
Y es justamente ahí donde comienza la reflexión.
Porque México arrastra una larga historia donde empresarios cercanos al poder, contratistas gubernamentales y personajes con capacidad económica han sido percibidos socialmente como ciudadanos con mayores posibilidades de evadir la justicia.
No significa que todos lo hagan.
Pero sí explica por qué la ciudadanía suele preguntarse si el dinero abre puertas que permanecen cerradas para el resto de la población.
En este caso, la pregunta no es si Rafael Zabalza es empresario.
Tampoco si nació en España.
Su nacionalidad resulta jurídicamente irrelevante.
Lo verdaderamente importante es responder otra interrogante:
¿Alguien que durante años hizo negocios con gobiernos llegó a sentirse intocable?
No existe evidencia pública, hasta este momento, de que funcionarios públicos lo hayan protegido o de que utilizara tráfico de influencias para evitar ser investigado. Afirmarlo sería irresponsable.
Pero sí existe una obligación institucional de despejar cualquier duda.
¿Se revisará el origen de su patrimonio?
¿Se investigarán todas las empresas con las que participó en contrataciones públicas?
¿Se analizarán sus redes empresariales y financieras?
¿Se verificará si existieron omisiones o privilegios durante la investigación?
La justicia no debe limitarse al autor material de un delito.
También debe revisar si alrededor de ese caso existieron condiciones de impunidad.
Porque una democracia sólida no solamente castiga al responsable.
También investiga si alguien pudo sentirse protegido por su posición económica, sus relaciones o su influencia.
Durante semanas fueron los ciudadanos quienes alertaron en redes sociales sobre un presunto francotirador. Mientras el miedo crecía, las denuncias tardaban en formalizarse y la investigación avanzaba lentamente debido a la ausencia de un patrón claro de actuación. La propia Fiscalía ha reconocido que la complejidad del caso estuvo relacionada con esa falta de denuncias iniciales y con la movilidad del presunto agresor.
Hoy existe un detenido.
Eso representa un avance importante.
Pero el verdadero éxito de este caso no será únicamente conseguir una sentencia.
Será demostrar que en Puebla el dinero no compra impunidad, que las relaciones empresariales no otorgan privilegios y que ningún proveedor gubernamental, por poderoso que sea, puede colocarse por encima del Estado de derecho.
Porque cuando una persona con recursos económicos, influencia empresarial y antecedentes de cercanía con distintos espacios de poder presuntamente convierte una de las avenidas más importantes de Puebla en un campo de tiro, el problema deja de ser solamente penal.
Se convierte en una prueba para las instituciones.
Y esa prueba apenas comienza
