En Puebla hay algo que parece no fallar: el recibo del agua siempre llega puntual. Lo que sigue sin llegar con la misma puntualidad es un servicio de calidad.
La comparecencia de la directora del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero, ante el Congreso del Estado volvió a poner sobre la mesa un tema que durante años ha generado molestia entre miles de poblanos: el desempeño de Agua de Puebla.
Y los datos no son precisamente para presumirse.
Nueve de 31… una calificación para llorar
Durante su intervención, la funcionaria informó que la empresa concesionaria mantiene un adeudo de 2 mil 40 millones de pesos con Banobras y el Gobierno del Estado.
Pero eso no fue lo único que llamó la atención.
Al revisar los indicadores de desempeño relacionados con agua potable, drenaje y saneamiento, la concesionaria únicamente cumplió 9 de los 31 estándares establecidos en el contrato.
Dicho en otras palabras: reprobó más de dos terceras partes de los indicadores que debía cumplir.
Si un estudiante sacara esa calificación, repetiría el semestre, y si cualquier ciudadano dejara de pagar un recibo, ya tendría avisos de corte.
Pero cuando se trata de una concesión millonaria, todo parece avanzar con una paciencia que los usuarios jamás reciben.
¿Y las sanciones? Bien, gracias
Lo que terminó de encender el debate fue la explicación de SOAPAP sobre las sanciones.
La directora señaló que el organismo no puede imponer a la concesionaria las mismas medidas administrativas que normalmente se aplican a dependencias gubernamentales, debido a la naturaleza del contrato.
Es decir, los ciudadanos enfrentan intereses, recargos y procedimientos cuando incumplen.
En cambio, cuando la empresa no alcanza la mayoría de los estándares de calidad, el camino para exigir responsabilidades resulta mucho más complejo.
Y ahí nace la pregunta que miles de poblanos llevan años haciendo. Entonces, ¿quién vigila realmente a la concesionaria?
El agua cuesta cada vez más… la confianza cada vez menos
Mientras en muchas colonias persisten reportes por baja presión, cortes del servicio, fugas sin atender y cobros que generan inconformidad, los usuarios siguen pagando uno de los servicios más sensibles para cualquier familia.
Porque el agua no es un lujo, es un derecho. Y cuando se convierte en un negocio multimillonario, la exigencia ciudadana también debería ser proporcional.
No basta con comparecencias, cifras y promesas de entregar más información al Congreso.
Después de más de una década de concesión, la ciudadanía espera resultados, no explicaciones.
El contrato podrá blindar a la empresa… pero no la inconformidad ciudadana
SOAPAP anunció además una inversión de 70 millones de pesos para acciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
Toda inversión en infraestructura es positiva.
Sin embargo, el verdadero reto sigue siendo el mismo: recuperar la confianza de miles de usuarios que sienten que pagan un servicio de primera y reciben uno que, según los propios indicadores oficiales, ni siquiera alcanza los niveles de desempeño esperados.
Porque al final del día, los poblanos no abren la llave para escuchar discursos.
Y cuando una concesionaria aprueba apenas 9 de 31 indicadores, la discusión deja de ser política y se convierte en una pregunta que nadie ha logrado responder con claridad:
¿Quién le exige cuentas a quien cobra por un servicio que, según los propios datos oficiales, sigue quedando a deber?
