Mtro. Gerardo Galicia
En política existe una regla que los partidos suelen aprender demasiado tarde: el costo de proteger a un personaje puede terminar siendo mucho mayor que el costo de dejarlo ir.
Eso parece estar ocurriendo con Rubén Rocha Moya.
El gobernador de Sinaloa pasó de ser uno de los mandatarios emblemáticos de Morena a convertirse en uno de sus mayores problemas políticos.
El episodio más reciente resulta difícil de explicar incluso desde la lógica partidista.
Después de permanecer 112 días separado del gobierno de Sinaloa, Rocha Moya decidió regresar a la gubernatura. Su retorno duró apenas alrededor de 34 horas. La reacción de Morena y del Gobierno federal fue inmediata y, el 23 de agosto, el Congreso de Sinaloa terminó aprobando por unanimidad una nueva licencia temporal de carácter indefinido.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue particularmente crítica: calificó el regreso como imprudente e inapropiado. Rocha había vuelto al cargo sin que la propia presidenta conociera previamente su decisión.
No estamos hablando de una diferencia política menor.
Rocha enfrenta acusaciones presentadas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, sobornos y colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa. Él ha rechazado las acusaciones y sostiene que tienen motivaciones políticas. El Gobierno mexicano, por su parte, ha señalado insuficiencias en la evidencia presentada para una extradición, pero también ha abierto una investigación propia.
Y aquí debemos ser absolutamente claros:
Una acusación no es una sentencia.
Rocha Moya tiene derecho a la presunción de inocencia y deberá ser una investigación y, en su caso, un tribunal quien determine responsabilidades.
Pero una cosa es responsabilidad penal y otra completamente diferente es responsabilidad política.
Y ahí Morena tiene un problema.
El desgaste ya aparece en las encuestas
Los números deberían preocupar al partido.
Una encuesta publicada en junio reportó que 72% desaprobaba el trabajo realizado por Rubén Rocha Moya como gobernador, frente a solamente 20% que lo aprobaba.
Otro estudio nacional, realizado por GobernArte y publicado en mayo, encontró que 46.5% de los entrevistados consideraba que las acusaciones sobre los presuntos vínculos de Rocha con el narcotráfico afectaban “mucho” a Morena.
Ese es quizá el dato políticamente más importante.
El problema dejó de llamarse únicamente Rubén Rocha Moya.
Ahora también puede llamarse Morena.
Porque los ciudadanos difícilmente separan por completo al gobernante del partido que lo llevó al poder.
Cuando un alcalde fracasa, algo del costo lo paga su partido.
Cuando un gobernador es cuestionado, algo del desgaste alcanza a su partido.
Y cuando alrededor de un gobernante aparecen acusaciones extraordinariamente graves, el partido tiene que decidir rápidamente si su prioridad será proteger al personaje o proteger su credibilidad.
El error de defender antes de investigar
Este caso también deja una lección para toda la clase política mexicana.
Los partidos deberían abandonar esa vieja costumbre de defender automáticamente a los suyos.
Lo hizo el PRI durante décadas.
Lo hizo el PAN cuando gobernó.
Y Morena corre el riesgo de reproducir exactamente aquello que durante años criticó.
Cuando aparece un señalamiento contra un adversario político, inmediatamente se exige investigación, transparencia y castigo.
Pero cuando el acusado pertenece al propio movimiento aparecen palabras diferentes:
“persecución”.
“golpeteo”.
“ataque político”.
“campaña mediática”.
Puede ocurrir que una acusación efectivamente tenga motivaciones políticas.
Pero eso debe demostrarse.
La respuesta democrática debería ser mucho más sencilla:
Que se investigue.
Si es inocente, que quede plenamente demostrado.
Si existen responsabilidades, que se sancionen.
Sin importar partido, apellido o cercanía con el poder.
Sinaloa tiene problemas mucho mayores
Existe además otra dimensión que no debería quedar sepultada por la disputa política.
Mientras los partidos discuten el futuro de Rocha Moya, Sinaloa atraviesa una crisis profunda.
La violencia derivada de las disputas criminales ha golpeado la economía y la vida cotidiana. Datos recientes indican que la economía estatal cayó 4.5% durante el primer trimestre de 2026, colocándose entre los peores desempeños del país. También se han reportado pérdidas importantes de empleo y afectaciones severas a empresas y turismo.
Ese debería ser el verdadero centro de la discusión.
No Rocha.
Los sinaloenses.
Porque mientras la política discute quién entra, quién sale, quién pidió licencia y quién controla el gobierno, existen familias preocupadas por la inseguridad, comerciantes que han cerrado negocios y ciudadanos que necesitan recuperar su vida cotidiana.
Morena enfrenta una prueba rumbo a 2027
El verdadero riesgo para Morena no necesariamente está en perder inmediatamente Sinaloa.
El partido todavía conserva una estructura electoral poderosa y mediciones de junio continuaban colocándolo con capacidad competitiva en el estado.
Pero las elecciones no se ganan únicamente con estructura.
También se ganan con percepción.
Y existen tres conceptos particularmente peligrosos para cualquier partido:
corrupción, inseguridad y narcotráfico.
Cuando esas tres palabras comienzan a asociarse en la conversación pública con un mismo gobierno, el daño puede extenderse mucho más allá de una persona.
La oposición lo sabe.
Por eso utilizará inevitablemente el caso Rocha Moya rumbo a 2027.
Y sería ingenuo pensar que solamente ocurrirá en Sinaloa.
Cada candidato opositor podrá formular una pregunta muy sencilla:
¿Morena es realmente diferente de los partidos que criticó durante años?
La respuesta dependerá de cómo actúe el propio Morena.
Separarse de Rocha también puede ser una estrategia
La nueva licencia parece indicar que el partido finalmente comprendió el tamaño del problema.
Legisladores de Morena incluso celebraron públicamente su salida argumentando que mejoraría el escenario político de la llamada Cuarta Transformación.
La señal es evidente.
Rocha comenzó a representar un costo.
Pero Morena deberá decidir si simplemente lo aleja temporalmente de los reflectores o si realmente permite que las investigaciones avancen hasta sus últimas consecuencias.
Porque pedir licencia no resuelve las acusaciones.
Cambiar gobernador tampoco.
Y controlar la narrativa mediática mucho menos.
La única manera de cerrar políticamente un caso de esta naturaleza es mediante verdad, investigación y rendición de cuentas.
El poder también significa saber retirarse
El episodio de las aproximadamente 34 horas resulta especialmente revelador.
Regresar después de 112 días para volver a solicitar licencia prácticamente al día siguiente transmite improvisación, confrontación y pérdida de control político.
Un gobernador debería saber cuándo existen condiciones para gobernar.
Y un partido debería saber cuándo uno de sus personajes comienza a comprometer la credibilidad del proyecto completo.
Morena llegó al poder prometiendo no parecerse a los partidos del pasado.
Ese compromiso también debe ponerse a prueba cuando los problemas ocurren dentro de casa.
Porque combatir la corrupción solamente cuando pertenece al adversario no es combatir la corrupción.
Exigir justicia solamente contra los opositores no es justicia.
Y defender a alguien únicamente porque pertenece al movimiento tampoco es lealtad.
Es un riesgo político.
Rubén Rocha Moya tiene derecho a defenderse y a que se respete su presunción de inocencia.
Pero Morena también tiene una obligación con millones de ciudadanos que votaron por un proyecto que prometía hacer las cosas de manera diferente.
Y quizá esa sea la verdadera dimensión de este caso.
Rocha Moya no solamente está defendiendo su futuro político.
Morena está defendiendo su credibilidad.
Porque rumbo a 2027 la pregunta ya no será únicamente qué ocurrió con Rubén Rocha Moya.
La pregunta que podría perseguir al partido será mucho más incómoda:
¿Qué hizo Morena cuando las acusaciones tocaron a uno de los suyos?
Y esa respuesta podría costar muchos más votos que cualquier campaña de la oposición.
