Durante meses, los partidos han encontrado una manera bastante creativa de adelantar la carrera electoral: no les llaman candidatos, les llaman “coordinadores”.
Morena, por ejemplo, registró aspirantes para sus llamadas coordinaciones estatales rumbo a 2027, una figura que en los hechos perfila a quienes podrían convertirse en candidatos a las gubernaturas.
Sin embargo, el proceso electoral federal comienza formalmente el 10 de septiembre. A partir de entonces, el INE tendrá que vigilar con mayor atención las actividades partidistas y determinar si alguna conducta rebasa los límites establecidos por la ley.
La discusión no es nueva, desde hace años, aspirantes y partidos han utilizado eventos, recorridos, espectaculares, redes sociales y discursos para ganar exposición antes de los tiempos oficiales.
El detalle está en que no todo acto de promoción constituye automáticamente un acto anticipado de campaña: las autoridades electorales suelen analizar factores como el momento, la identificación del personaje y, especialmente, si existe un llamado al voto.
El arranque del proceso electoral no significa que automáticamente cualquier evento de un “coordinador” sea ilegal, pero sí cambia el escenario.
Con el proceso formalmente en marcha, el INE tendrá que revisar si los partidos y sus perfiles respetan las reglas y si los actos que organizan realmente son actividades partidistas o si, disfrazados de reuniones, asambleas y recorridos, terminan funcionando como campañas adelantadas.
