Después de más de diez años de operar el servicio de agua potable en la zona metropolitana, Agua de Puebla apenas ha cumplido 9 de los 31 compromisos establecidos en su título de concesión, reveló la presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso local, Lupita Vargas.
La legisladora sostuvo que el desempeño de la empresa resulta insuficiente y anunció una revisión puntual de sus obligaciones.
El drenaje sí es su responsabilidad
Uno de los puntos que más llamó la atención fue la postura de la concesionaria respecto a los colectores pluviales.
Según la diputada, la empresa intentó deslindarse de esa responsabilidad y atribuirla únicamente a los ayuntamientos.
Sin embargo, Vargas afirmó que el propio título de concesión incluye servicios relacionados con agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, por lo que pidió revisar a fondo los posibles incumplimientos.
Quitar la concesión no es tan sencillo
La legisladora reconoció que retirar la concesión representa un proceso jurídico complejo debido a los candados con los que fue diseñada desde 2014. Aún así, aseguró que eso no impedirá que el Congreso continúe exigiendo resultados y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Durante años, miles de poblanos han denunciado cobros elevados, cortes del servicio, fugas que tardan semanas en repararse, drenajes colapsados e inundaciones cada temporada de lluvias.
Ahora, los propios datos revisados por el Congreso muestran que la empresa ni siquiera ha cumplido una tercera parte de los compromisos que asumió.
Lo más indignante es que, mientras los usuarios pagan recibos puntualmente, el servicio sigue acumulando reclamos.
Cuando llueve, muchas calles se convierten en ríos; cuando falta el agua, las pipas hacen negocio; y cuando los ciudadanos exigen respuestas, casi siempre reciben explicaciones.
Si después de más de una década el balance es 9 de 31, la pregunta es inevitable: ¿qué más tiene que pasar para que existan consecuencias reales?
Porque el agua no es un lujo, es un derecho, y los poblanos no deberían conformarse con un servicio que, según los propios indicadores revisados por el Congreso, sigue quedando a deber.
