La movilización convocada en respaldo a la alcaldesa de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, quedó envuelta en la polémica luego de que comenzaran a circular denuncias sobre el presunto traslado de personas en autobuses provenientes de otros estados.
En videos difundidos públicamente, algunos operadores de transporte aseguran que fueron contratados para llevar personas a la concentración. Incluso, uno de ellos afirma que los pasajeros desconocían el motivo de la movilización y que provenían de Oaxaca.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento sobre esos señalamientos.
También denuncian presuntas presiones
A las versiones sobre el presunto acarreo se sumaron testimonios de trabajadores del Ayuntamiento de Acatlán.
De acuerdo con esas denuncias, algunos empleados habrían sido advertidos de que, si no asistían al evento, podrían enfrentar descuentos salariales o incluso la suspensión de su pago.
Por ahora, esas acusaciones tampoco han sido confirmadas por una autoridad competente. Sin embargo, han generado un fuerte debate en redes sociales y entre habitantes del municipio.
Si el apoyo es real, no necesita camiones
Aquí es donde surge la pregunta incómoda.
Si un gobierno realmente cuenta con el respaldo de la gente, ¿para qué recurrir a presuntos acarreos o a supuestas presiones contra trabajadores?
El apoyo ciudadano no se llena con listas de asistencia, amenazas o autobuses. Se construye con resultados.
Cuando una movilización necesita explicaciones desde el primer minuto, el mensaje que transmite es exactamente el contrario al que se quería proyectar.
La vieja política que nunca se va
Los presuntos acarreos son una de esas prácticas que todos los partidos prometen erradicar cuando están en campaña, pero que reaparecen cada vez que necesitan demostrar fuerza política.
Cambian los colores, cambian los discursos y cambian los personajes. Lo que parece no cambiar es la costumbre de querer llenar plazas a como dé lugar.
Y si además resulta cierto que hubo trabajadores presionados para asistir, el problema deja de ser político y se convierte en un asunto que merece ser investigado.
Hoy los ciudadanos tienen celulares, cámaras y redes sociales. Cada camión, cada pase de lista y cada denuncia termina documentándose.
Por eso, si las versiones son falsas, corresponde a las autoridades aclararlas con pruebas. Pero si son verdaderas, los responsables también deben rendir cuentas.
Porque una plaza llena no siempre significa respaldo. A veces solo significa que alguien pagó el viaje… o que alguien sintió que no tenía opción.
