Mientras la atención pública estaba puesta en otros temas, una decisión pasó casi desapercibida.
El 30 de junio fueron separados de sus funciones 43 trabajadores sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública.
No se trataba de personal administrativo. Eran profesionistas que realizaban estudios socioeconómicos, elaboraban dictámenes de trabajo social e identificaban las condiciones de vulnerabilidad de las personas que acuden al Estado porque no tienen recursos para pagar un abogado.
Su labor era clave para que mujeres víctimas de violencia, niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos recibieran una defensa con perspectiva social y acorde con su realidad.
La experiencia también vale
Más allá del número de despidos, el caso reabre una discusión incómoda: ¿qué tan fácil puede sustituirse a personas que dedicaron años a construir experiencia en el servicio público?
En instituciones relacionadas con la impartición de justicia, el conocimiento técnico y la experiencia no son un lujo.
Son herramientas indispensables para garantizar que las decisiones se tomen con profesionalismo y en beneficio de quienes más lo necesitan.
Cuando ese capital humano se pierde, el impacto no solo recae en quienes fueron despedidos. También alcanza a miles de ciudadanos que dependen de esos servicios.
Una reforma bajo cuestionamiento
Los despidos también contrastan con el discurso que acompañó la reforma al Poder Judicial, donde se aseguró en diversas ocasiones que se respetarían los derechos laborales del personal.
Sin embargo, estos casos alimentan las dudas sobre cómo se está llevando a cabo la reorganización de las instituciones.
Para los trabajadores afectados, las promesas poco alivian la incertidumbre de quedarse sin empleo y, en algunos casos, sin acceso inmediato a prestaciones como la seguridad social.
Detrás de cada despido hay una persona que construyó una carrera en el servicio público. Pero también hay ciudadanos que podrían enfrentar un sistema con menos especialistas y menos capacidad para atender casos complejos.
La justicia no solo depende de jueces, magistrados o leyes. También la sostienen trabajadores que rara vez aparecen en los reflectores, pero cuyo trabajo permite que el sistema funcione.
Porque despedir personal especializado puede reducir costos en el corto plazo. Lo difícil será demostrar que esa decisión no terminará costándole mucho más a quienes menos tienen y dependen de una justicia profesional, accesible e independiente.
