En México pasan cosas que parecen sacadas de una comedia de humor negro.
Mientras miles de ciudadanos se preguntan qué pasó con 898.6 millones de pesos de recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, la discusión terminó girando alrededor de quién tenía facultades para revisar ese dinero y no sobre el destino de los recursos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no tenía competencia para fiscalizar esos fondos, ya que esa atribución corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Por esa razón, invalidó la revisión estatal y las posibles sanciones derivadas de ese procedimiento.
El dinero no desaparece… las dudas tampoco
La resolución no significa que los recursos queden exentos de revisión. La propia Corte aclaró que la ASF sí puede auditarlos e investigarlos, porque la decisión únicamente resolvió un conflicto de competencias entre autoridades.
Pero para el ciudadano común eso suena a un trabalenguas jurídico.
Porque la pregunta sigue siendo exactamente la misma: ¿dónde está el dinero y quién lo va a revisar?
Cuando alguien debe casi mil pesos, el banco no perdona ni un día de retraso. Pero cuando el tema involucra casi 900 millones de pesos públicos, de pronto aparecen competencias, controversias constitucionales, suspensiones y una colección de tecnicismos que parecen hechos para marear a cualquiera.
La justicia que entiende de papeles… pero no de indignación
Resulta difícil pedirle a la ciudadanía que confíe plenamente en las instituciones cuando los asuntos millonarios terminan atorados entre expedientes y formalidades legales.
Nadie discute que la Constitución deba respetarse. Lo preocupante es que, una vez más, el debate dejó de ser la transparencia y pasó a ser quién tenía el sello correcto para abrir el expediente.
Porque los impuestos sí llegan puntuales, pero las auditorías, al parecer, dependen de quién las firme.
Al final, el dinero es de los ciudadanos, no de los gobiernos. Lo mínimo que merece la gente no son pleitos entre instituciones, sino una explicación transparente y una auditoría realizada por la autoridad competente que aclare, sin rodeos, cómo se ejercieron esos recursos.
