México vuelve a sumar un nombre a la larga lista de activistas que desaparecen y, días después, son encontrados sin vida.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó el fallecimiento de Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, activista ambiental y creador de contenido que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de junio.
Tras conocerse el hecho, el organismo exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno una investigación seria, pronta y transparente para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para su familia.
Una voz incómoda
Alex Serna no era un personaje cualquiera.
Durante años utilizó sus redes sociales para denunciar presuntos daños ambientales, proyectos inmobiliarios que consideraba irregulares y posibles actos de corrupción que, según sus publicaciones, afectaban a la población y al entorno natural de Zihuatanejo.
Incluso, meses antes de su desaparición, hizo públicas amenazas que aseguró haber recibido debido a su labor como activista.
Además, en los días previos a dejar de tener contacto con sus familiares y seguidores, continuó difundiendo denuncias relacionadas con afectaciones al medio ambiente.
Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista una relación comprobada entre esas denuncias y su muerte.
En México, denunciar sigue siendo peligroso
Lo verdaderamente indignante es que esta historia ya no sorprende.
Cada vez que un activista desaparece, la sociedad escucha el mismo discurso: “se investigará”, “no habrá impunidad”, “se llegará hasta las últimas consecuencias”.
Y, sin embargo, los asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, periodistas y buscadores de justicia siguen ocurriendo.
Parece que en este país denunciar incomoda más que delinquir.
El miedo también mata
No solo pierde la vida quien es víctima de la violencia.
También pierde la sociedad cuando alguien deja de denunciar por miedo.
Cada activista silenciado representa una comunidad que se queda sin una voz que exigía cuentas, que señalaba abusos y que cuestionaba al poder.
Ese miedo se convierte en censura, y la censura nunca beneficia a los ciudadanos.
Así mismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya pidió una investigación. Ahora corresponde a la Fiscalía esclarecer qué ocurrió y llevar a los responsables ante la justicia.
Porque México ya está cansado de abrir expedientes cuando lo que necesita es cerrarlos con verdad y con sentencias.
Mientras ejercer el derecho a denunciar continúe siendo una actividad de alto riesgo, el mensaje será devastador: en este país, levantar la voz puede salir demasiado caro.
Y eso debería indignarnos mucho más que cualquier discurso oficial sobre seguridad o libertad de expresión.
