El Ojo Poblano
La madrugada de este miércoles 23 de julio del 2025, se llevó a cabo un operativo de revisión en dos penales de Puebla, Tepexi de Rodríguez y el Penal de San Miguel en la Capital del estado.
Lo anterior después de que presuntamente, familiares de internos acusaran anomalías al interior de los penales.
Durante los operativos casi de forma simultanea en Tepexi y la ciudad, uniformados estatales lograron el decomiso de 15 teléfonos celulares, video juegos, bocinas para reproducir música y ropa que no corresponde a la del color que se utiliza al interior de los centros de reinserción.
Cabe mencionar que durante el operativo realizado en el CERESO de San Miguel, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, inspeccionaron de manera especial las celdas de los internos que fueron señalados bajo el anonimato por presuntamente tener algunos privilegios o manejar negocios dentro de San Miguel, sin embargo, la versión de los presuntos privilegios quedó descartada al no poder encontrar indicios que pudieran llevar a la investigación de dicha teoría. Tal como lo aseguró horas antes el Secretario de Seguridad en el estado Francisco Sánchez González, quien dijo que no hay privilegios para nadie, llámese como se llame pues se aplica el reglamento.
Durante una breve entrevista con medios de comunicación, el martes 22 de julio, el Vicealmirante Francisco Sánchez aseguró que en Puebla nadie está por encima de la ley al tiempo de comentar que “historias va a haber muchas” refiriéndose a los supuestos privilegios de los que gozan algunos internos de los centros penitenciarios.
Horas más tarde, en la madrugada del miércoles 23 de julio, se realizaron los operativos sorpresa en los penales de Tepexi y San Miguel.
Posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública compartió un comunicado en el que se puede leer lo siguiente:
“Estas acciones tienen como principal objetivo fortalecer los mecanismos de control, prevenir situaciones de riesgo y verificar el correcto funcionamiento de los protocolos de seguridad, atención y gobernabilidad en los centros de reclusión a cargo del Estado.
