La Fiscalía General del Estado de Veracruz después de confirmar el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, informó la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el crimen, entre ellas integrantes de un grupo delictivo y policías municipales que, según la investigación, habrían brindado apoyo logístico a la organización criminal.
Las autoridades señalaron que los dictámenes periciales permitieron identificar científicamente los restos de la comunicadora y fortalecer la investigación para esclarecer el caso.
Más allá de las detenciones, el caso vuelve a exhibir una realidad que México arrastra desde hace años: ser periodista sigue siendo una profesión de alto riesgo.
En muchas regiones del país, informar dejó de ser únicamente un trabajo. Se convirtió en una actividad que puede poner en peligro la libertad, la integridad e incluso la vida de quienes se atreven a documentar lo que otros quieren mantener en silencio.
Y eso debería indignarnos a todos.
Porque cuando asesinan a un periodista, no solo le arrebatan la vida a una persona. También intentan silenciar información, intimidar a otros comunicadores y sembrar miedo entre quienes todos los días salen con una libreta, una cámara o un micrófono para contar lo que sucede.
El miedo no debería ser parte del oficio
En México ya no sorprende que un periodista reciba amenazas. Tampoco sorprende que tenga que cambiar de domicilio, vivir con escoltas o dejar de publicar ciertos temas por miedo a represalias.
Y ahí está el verdadero fracaso del Estado.
Ningún reportero debería preguntarse si una nota le costará la vida. Ninguna familia debería despedirse cada mañana con el temor de no volver a ver a su hijo, hija, madre o padre por el simple hecho de ejercer el periodismo.
Lo más doloroso es que, con el paso del tiempo, estos casos comienzan a normalizarse. Se anuncian investigaciones, llegan las detenciones y se ofrecen conferencias de prensa. Después, otra agresión ocupa los titulares y el ciclo vuelve a empezar.
No basta con detener a los responsables
Las detenciones representan un avance en la investigación. Sin embargo, la justicia no puede limitarse a capturar a los presuntos responsables cuando el crimen ya ocurrió.
La verdadera pregunta sigue siendo la misma: ¿qué están haciendo las autoridades para evitar que otro periodista termine asesinado?
Porque la libertad de expresión no se protege con discursos. Se protege garantizando que ningún comunicador tenga que elegir entre informar o seguir con vida.
Mientras ejercer el periodismo continúe siendo una actividad de riesgo, México seguirá cargando con una deuda enorme con quienes dedican su vida a informar.
Y esa deuda no solo es con los periodistas. Es con toda la sociedad. Porque cada vez que matan a un comunicador, también intentan callar el derecho de todos los ciudadanos a conocer la verdad.
