Con el Mundial ya terminado, el gobierno federal reafirmó que sí abrirá un debate sobre la regulación de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la discusión buscará atender temas como la salud mental de niñas, niños y adolescentes, la adicción a las plataformas digitales, el funcionamiento de los algoritmos y la necesidad de establecer reglas para el desarrollo de la IA.
A simple vista, hablar de proteger a los menores y de regular nuevas tecnologías parece una propuesta lógica. Sin embargo, cuando es el propio gobierno quien plantea poner límites a los espacios donde millones de ciudadanos se informan, opinan y cuestionan al poder, resulta inevitable que surjan dudas.
Las redes se convirtieron en el principal contrapeso
Hoy las redes sociales ya no solo sirven para compartir fotografías o videos. Se convirtieron en el principal espacio donde circulan denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas, críticas a los gobiernos y debates públicos que muchas veces no encuentran lugar en otros medios.
Precisamente por eso, cualquier intento de regulación debe discutirse con absoluta transparencia.
La línea entre proteger derechos y limitar la libertad de expresión puede ser muy delgada.
Además, el anuncio ocurre en un contexto político particular. La propia presidenta ha reconocido que enfrenta un mayor nivel de desaprobación entre la población joven, un sector que consume información principalmente a través de plataformas digitales.
Eso no significa que exista una intención de censura. Sin embargo, sí obliga a que cualquier propuesta se construya con reglas claras, participación de especialistas y garantías suficientes para evitar abusos.
La preocupación tampoco nace de la nada.
En San Luis Potosí, la llamada Ley Serrano generó una fuerte controversia al establecer sanciones por el uso indebido de inteligencia artificial. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión advirtieron riesgos sobre la forma en que una legislación ambigua podría afectar a periodistas, comunicadores y ciudadanos.
Ese antecedente demuestra que una regulación mal diseñada puede terminar generando más incertidumbre que soluciones.
México necesita discutir el impacto de la inteligencia artificial. También debe encontrar mecanismos para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos que existen en internet.
Pero esa conversación no puede convertirse en un cheque en blanco para ampliar las facultades del gobierno sobre los espacios digitales.
Las redes sociales incomodan, exhiben errores, destapan casos de corrupción y permiten que cualquier ciudadano cuestione al poder. Esa es precisamente una de las razones por las que fortalecen una democracia.
Regular no debería significar controlar. Mucho menos silenciar.
Porque el día en que los ciudadanos tengan miedo de opinar por temor a una interpretación de la ley, el problema ya no será la inteligencia artificial ni las redes sociales. El verdadero problema será que la libertad de expresión habrá comenzado a perder terreno frente al poder.
