Morena volvió a quedar bajo los reflectores, pero no por una iniciativa ni por un logro de gobierno. Ahora, Ulises Bravo, exdirigente estatal del partido en Morelos y medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, regresa a los tribunales.
Un tribunal ordenó reactivar el proceso penal en su contra por una denuncia de violencia familiar presentada por su expareja, Liu León Luna, madre de su hija.
Con esa decisión, el caso tomó un nuevo rumbo y volvió a exhibir las contradicciones de una clase política que presume valores mientras enfrenta señalamientos delicados.
La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Morelos revocó la resolución que antes impedía continuar con el proceso y ordenó que el caso siguiera su curso.
Ulises Bravo enfrentará el proceso en libertad. Sin embargo, deberá cumplir medidas cautelares, entre ellas acudir a firmar periódicamente ante la autoridad judicial.
A partir de ahora, los jueces analizarán las pruebas y resolverán conforme avance el procedimiento.
Cuando los problemas llegan, aparece el mismo libreto
Cada vez que un político enfrenta un proceso judicial, parece repetirse la misma historia.
En lugar de concentrarse en responder a los señalamientos, muchos optan por denunciar supuestas persecuciones políticas. Ulises Bravo siguió esa ruta y acusó a la gobernadora Margarita González Saravia de intervenir en el caso.
La mandataria rechazó esas acusaciones y aseguró que se trata de un asunto estrictamente personal y judicial.
Mientras tanto, la ciudadanía vuelve a escuchar un discurso que ya conoce de memoria. Cuando la justicia toca la puerta, algunos personajes dejan de hablar de instituciones y comienzan a hablar de conspiraciones.
Durante años, los partidos políticos prometieron defender a las mujeres, combatir la violencia y construir un país más justo.
Sin embargo, esos discursos pierden fuerza cuando personajes cercanos al poder enfrentan procesos judiciales por denuncias de esta naturaleza.
La violencia no cambia según el color del partido. Mucho menos debería cambiar la respuesta de las instituciones.
Este caso no solo pone a prueba a quien enfrenta el proceso. También obliga al sistema de justicia a demostrar que actúa sin privilegios ni favoritismos.
Y eso es lo que ya no soporta la sociedad, ver cómo algunos personajes se presentan como defensores de las causas sociales mientras enfrentan investigaciones que contradicen ese discurso.
México no necesita más políticos que levanten la voz únicamente frente a un micrófono. Hace falta que los servidores públicos respondan con hechos, respeten la ley y entiendan que el poder no otorga inmunidad moral.
Porque el verdadero compromiso con las mujeres no se demuestra con discursos, conferencias o publicaciones en redes. Se demuestra respetando la ley, permitiendo que la justicia haga su trabajo y actuando con congruencia. De lo contrario, cualquier bandera de igualdad termina siendo solo propaganda política.
