Mtro. Gerardo Galicia
Hay casos que trascienden el expediente judicial porque ponen a prueba la confianza ciudadana en las instituciones. La reciente detención de Francesca Marilisa Solimán Minutti, investigada por su presunta participación en un secuestro ocurrido en 2014, no sólo reabre un caso de alto impacto en Puebla; también revive una pregunta que la sociedad mexicana se hace con frecuencia: ¿la justicia actúa igual para todos o depende del apellido, las relaciones o el poder económico?
Conviene comenzar por un principio básico del Estado de derecho: una detención no equivale a una sentencia. La persona detenida conserva la presunción de inocencia y será un juez quien determine su responsabilidad penal conforme a las pruebas que presente la Fiscalía y la defensa. Ese principio debe respetarse sin excepción.
Sin embargo, otra discusión, igualmente legítima, es la del funcionamiento institucional.
De acuerdo con la información pública difundida por diversos medios, la orden de aprehensión permaneció pendiente durante aproximadamente doce años hasta ser ejecutada en junio de 2026. Las investigaciones señalan que la acusada continuó desarrollando actividades empresariales y manteniendo una presencia pública durante ese periodo.
Ese dato por sí mismo genera interrogantes.
No porque implique necesariamente protección política o institucional, sino porque evidencia un problema que históricamente ha enfrentado el sistema de procuración de justicia mexicano: la capacidad para ejecutar órdenes de aprehensión durante largos periodos.
¿Debe politizarse?
La respuesta debería ser no.
Politizar un caso penal significa convertir una investigación judicial en un arma para atacar o defender proyectos políticos sin esperar el desarrollo del proceso legal.
Pero tampoco sería correcto ignorar los posibles vínculos públicos cuando éstos son verificables.
En este caso, diversos reportes periodísticos han señalado relaciones familiares de la detenida con personas conocidas en los ámbitos empresarial y educativo de Atlixco, además de referencias a una suplencia como regidora que nunca llegó a ejercer debido a que la orden judicial existía previamente. Hasta el momento no existe evidencia pública de que esas relaciones constituyan responsabilidad penal o acrediten protección política; cualquier afirmación en ese sentido sería especulativa.
La pregunta correcta no es si un familiar ocupa un cargo público.
La pregunta es otra:
¿Las instituciones actuaron con la misma eficacia que habrían mostrado frente a cualquier ciudadano sin influencia económica o social?
Esa respuesta únicamente puede construirse con información oficial y transparencia.
Los números que explican la desconfianza
La discusión cobra relevancia porque ocurre en un contexto donde la percepción ciudadana sobre la justicia sigue siendo frágil.
Según la Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Puebla la percepción de inseguridad en zonas urbanas se mantiene elevada en distintos levantamientos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, mientras que la llamada “cifra negra” —delitos que no se denuncian o que no derivan en una investigación efectiva— supera el 90% a nivel nacional en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Esto refleja una persistente falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia.
En estudios de opinión realizados por INDAGA en la zona metropolitana de Puebla durante 2026 también se observa un entorno de desconfianza: cerca de dos terceras partes de los encuestados califican su colonia como poco o nada segura y una amplia mayoría desaprueba el desempeño de la policía municipal. Aunque estas cifras no están directamente relacionadas con este expediente, sí muestran el contexto social en el que casos como éste son recibidos por la opinión pública.
Cuando una orden de captura tarda más de una década en ejecutarse, la percepción ciudadana suele ser inmediata: muchos interpretan que existen privilegios, aun cuando éstos no hayan sido demostrados judicialmente.
Ese es precisamente el costo institucional.
Más allá del nombre
Si mañana este expediente concluye con una condena, deberá respetarse.
Si concluye con una absolución, también.
Lo verdaderamente importante será conocer cómo ocurrió todo el proceso.
¿Por qué transcurrieron doce años?
¿Qué diligencias realizó la autoridad durante ese tiempo?
¿Hubo intentos permanentes para localizar a la persona buscada?
¿Existieron omisiones administrativas?
¿Hubo responsabilidades internas?
Responder esas preguntas fortalecería mucho más la confianza pública que cualquier conferencia de prensa.
La verdadera prueba
Este caso no debería utilizarse para golpear adversarios políticos ni para construir narrativas partidistas.
Tampoco debería convertirse en un asunto de linchamiento mediático.
Debe convertirse en una oportunidad para evaluar si las instituciones poblanas aprendieron que la justicia tardía también representa una forma de injusticia.
Porque cuando un expediente permanece abierto durante doce años, el daño no sólo alcanza a las personas involucradas.
También erosiona la confianza de toda una sociedad que espera que la ley funcione
