El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció que parte de los inmuebles recuperados derivado del llamado Cártel Inmobiliario se destinará a víctimas del temblor de 2017, así como de feminicidio.
Durante una conferencia de prensa en un inmueble asegurado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “a la Delincuencia de Cuello Blanco” en la Alcaldía Álvaro Obregón, Batres Guadarrama señaló que se calculan alrededor de 80 millones de pesos por los inmuebles recuperados tras las irregularidades inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez.
Este martes, el Gobierno de la Ciudad de México recibió un inmueble ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur #1774, colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, como parte de la reparación del daño; sin embargo, este edificio se utilizará para oficinas.
“Nuestra propuesta, que llevaremos al Comité de Patrimonio Inmobiliario, es que haya oficinas de enlace en cada uno de los pisos de los siguientes temas: dos serían para oficinas de la Fiscalía, uno es el centro de atención biopsicosocial a víctimas, no es que el centro esté aquí, pero aquí tendría oficinas de enlace para dicha atención; también, una oficina de enlace de la Fiscalía Anticorrupción”, dijo al mandatario local en torno al uso que se le dará al inmueble.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México explicó que los inmuebles diseñados para vivienda que se reciban como parte de la reparación del daño se destinarán a víctimas del sismo de 2017 y de feminicidio.
Martí Batres detalló que “entre los inmuebles que se van a entregar hay unos que sí tenían uso de vivienda, uso habitacional; en esos casos, el destino que les vamos a dar es entregar a damnificados del 2017 y a familias de víctimas de feminicidio. Serían dos fines, hasta donde nos dé los inmuebles que se entreguen”.
En el caso de las familias afectadas por el sismo de 1985, informó que “se están atendiendo los campamentos históricos, especialmente dos campamentos que es el de La Montada, en Iztapalapa, que es el campamento más grande históricamente y el campamento de Atlampa, y en ambos casos se están construyendo unidades habitacionales”.
Por último, en el caso de las construcciones ilegales para poner pisos excedentes en las edificaciones, detalló que se trabaja en una estrategia para evitar afectar a quienes “compraron de buena fe”.
