Después de un mes con la Presidencia Municipal tomada, autoridades de la Secretaría de Gobernación federal y estatal instalaron una mesa de diálogo en Acatlán de Osorio para intentar resolver el conflicto político y social que mantiene paralizado al Ayuntamiento.
Al encuentro acudió la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, acompañada por integrantes del Cabildo y funcionarios de Gobernación, con el objetivo de abrir una ruta de negociación con los manifestantes que mantienen el inmueble bajo su control.
El diálogo comenzó con tensión
La reunión arrancó en medio de reclamos y empujones.
La presidenta municipal llegó acompañada por un grupo de simpatizantes, situación que generó inconformidad entre los manifestantes.
Mientras la alcaldesa, los regidores y las autoridades de Gobernación ingresaron al edificio para instalar la mesa, los inconformes denunciaron que no les permitieron entrar al inicio de las conversaciones, lo que elevó aún más la tensión.
El conflicto mantiene detenidas diversas actividades administrativas y ha afectado la atención de trámites municipales desde hace varias semanas.
Un conflicto que sigue sin solución
La intervención de los gobiernos estatal y federal busca construir acuerdos entre las partes y evitar que la crisis continúe escalando.
Hasta el momento, no se han dado a conocer acuerdos definitivos, por lo que el conflicto permanece abierto.
Pero, sí para instalar una mesa de diálogo hace falta llegar con porras, gritos y filtros, el mensaje no es precisamente el de una negociación sencilla.
Un mes después, Acatlán sigue atrapado en un conflicto político mientras los ciudadanos continúan esperando que alguien gobierne. La Presidencia permanece tomada, los servicios se retrasan y la confrontación parece avanzar más rápido que los acuerdos.
Porque dialogar implica escuchar a todas las partes, no únicamente abrir una mesa.
Si el primer obstáculo de una negociación es decidir quién puede sentarse a ella, queda claro que el camino para resolver la crisis todavía será largo. Mientras tanto, quienes realmente pagan el costo son los habitantes de Acatlán, que llevan semanas viendo cómo la política ocupa el lugar que debería ocupar el gobierno.
