Mientras la violencia contra las mujeres sigue ocupando titulares en Puebla, ahora el foco está sobre la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del Ayuntamiento de Puebla.
Desde el Congreso surgió un exhorto para que la titular de la dependencia comparezca y explique el uso de los recursos públicos destinados a la atención y protección de las mujeres.
El llamado ocurre luego de cuestionamientos sobre el incremento en el gasto de la dependencia y la exigencia de transparentar cómo se ejercieron esos recursos.
Quieren respuestas, no solo informes
La petición busca que la funcionaria explique en qué se invirtió el presupuesto, cuáles fueron las acciones implementadas y, sobre todo, qué resultados concretos obtuvo la dependencia.
En los últimos meses, el Ayuntamiento ha informado sobre programas de capacitación, atención psicológica, asesoría jurídica y la creación de espacios de apoyo para mujeres. También ha impulsado acciones como los llamados “Puntos Seguros” en oficinas municipales.
Sin embargo, la realidad que viven muchas poblanas mantiene abierto el debate.
Los casos de violencia familiar, desapariciones, agresiones y feminicidios continúan apareciendo de manera constante en la agenda pública.
Además, legisladores han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, seguimiento y evaluación frente a la violencia de género.
La discusión no gira únicamente en torno al dinero. También cuestiona si las estrategias están logrando cambiar la realidad de miles de mujeres.
Nadie espera que una secretaría elimine por sí sola la violencia contra las mujeres. Pero sí es válido exigir que cada peso destinado a esa causa tenga resultados medibles y que la ciudadanía conozca cómo se utiliza.
Cuando una dependencia aumenta su gasto, también aumenta la obligación de rendir cuentas. Porque las campañas, los eventos, las conferencias y las fotografías sirven para visibilizar un problema, pero no sustituyen la seguridad que una mujer necesita cuando sale de su casa.
La comparecencia no debería verse como un ataque político.
Debería ser un ejercicio básico de transparencia, porque mientras las cifras de violencia siguen preocupando y muchas víctimas continúan esperando atención y justicia, la pregunta sigue sobre la mesa: ¿el presupuesto está llegando a donde realmente hace falta o se está quedando en el discurso?
