La polémica no empezó en Palacio Nacional. Empezó frente a un micrófono, cuando la abogada e influencer Nat Torres planteó en un pódcast que el derecho al voto debería condicionarse a un examen sobre el funcionamiento del Estado. Incluso sostuvo que no debería tener el mismo peso el voto de una persona con estudios superiores que el de alguien que apenas alcanza la mayoría de edad sin esos conocimientos, y comparó su propuesta con el examen para obtener una licencia de conducir.
El problema de esa postura no es que sea polémica; es que parte de una lógica profundamente elitista. En México, el voto no se gana por promedio, por títulos universitarios, por nivel de ingresos ni por cuántos libros haya leído una persona. El sufragio universal existe precisamente porque durante décadas hubo quienes consideraban que solo una minoría “preparada” debía decidir por el resto.
Pero esa idea ya fue derrotada por la historia.
Y es ahí donde Nat Torres también habla desde su mismo privilegio.
Aquel que le proporcionó una formación académica, una plataforma con cientos de miles de personas escuchándola y un espacio mediático que amplifica cada una de sus palabras.
Tener estudios, seguidores o una carrera brillante no convierte una opinión en un principio democrático. Mucho menos cuando esa opinión implica restringir un derecho conquistado por generaciones de mexicanos.
Pero la respuesta tampoco estuvo a la altura.
La Presidenta de la República no necesita convertir la conferencia matutina en un escenario para confrontar a una influencer.
El Estado tiene la obligación de defender los principios democráticos, sí; pero cuando utiliza la tribuna presidencial para exhibir a una ciudadana en lo individual, corre el riesgo de convertir un debate de ideas en un conflicto de poder. La investidura presidencial exige una prudencia que las redes sociales no conocen.
Lo preocupante es que ambas terminaron colocándose en el papel de víctimas.
Por un lado, Nat Torres respondió asegurando que no la van a callar ni intimidar y acusó al gobierno de utilizar recursos públicos para desacreditarla.
Por el otro, la Presidenta, defendió el voto universal calificando la propuesta como absurda, regresiva y antidemocrática.
Al final, el debate dejó de ser sobre democracia y terminó siendo sobre quién ganó la pelea mediática.
Y ese quizá sea el mayor fracaso.
Porque una democracia sólida no necesita exámenes para decidir quién merece votar.
Pero tampoco necesita que el poder político responda cada polémica de internet desde el atril presidencial.
Las redes sociales le dieron voz a millones y eso es un avance.
Lo peligroso es creer que los seguidores sustituyen a la responsabilidad. Así como creer que el poder institucional puede responder cualquier crítica sin medir el peso de sus propias palabras.
Ni el privilegio académico debería definir quién vota.
Ni el privilegio del poder debería definir quién merece ser exhibido.
La democracia mexicana se construyó para que todos tengamos el mismo derecho a decidir, no para que unos se sientan más aptos que otros ni para que el gobierno convierta cada controversia viral en una conferencia de prensa.
Cuando una influencer habla como si pudiera redefinir los derechos políticos de un país y una Presidenta responde como si estuviera disputando el algoritmo, la discusión pública deja de elevarse.
Simplemente se vuelve otro espectáculo.
