En Puebla ya comenzaron a mover las piezas rumbo a la elección de 2027. Y, curiosamente, uno de los primeros temas que llegó al Congreso fue el de los llamados “narcocandidatos”.
El diputado local de Morena, Andrés Villegas, presentó una iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales.
La propuesta busca crear una Comisión de Verificación e Integridad en Candidaturas, con la intención de revisar, antes de las elecciones, los perfiles de quienes aspiren a un cargo de elección popular.
Una revisión… pero sin castigo
La comisión tendría la facultad de detectar posibles vínculos con actividades ilícitas y emitir una alerta al partido político correspondiente.
Sin embargo, la iniciativa no contempla una sanción automática.
Es decir, si la comisión encuentra información que genere dudas, únicamente notificará al Instituto Electoral para que tome una decisión sobre la candidatura.
En otras palabras, la última palabra seguiría estando en manos de los propios partidos o de las autoridades electorales.
¿Y antes quién revisaba?
La propuesta abrió un debate inmediato. Durante años, distintos partidos han enfrentado señalamientos por postular perfiles cuestionados o candidatos que terminaron bajo investigación una vez que ya ocupaban un cargo público.
Ahora el Congreso busca establecer un filtro preventivo para evitar que personas con posibles vínculos criminales lleguen a las boletas electorales en 2027.
La iniciativa suena bien… hasta que uno recuerda que los partidos son los primeros que conocen a quién postulan.
Resulta difícil creer que de pronto descubran, gracias a una comisión, lo que durante meses o años nadie quiso ver.
Y hay otra pregunta todavía más incómoda: si de verdad existe preocupación por impedir que personas ligadas al crimen lleguen al poder, ¿por qué esperar hasta el registro de las candidaturas?
La integridad no debería ser una revisión de último momento; debería ser el requisito mínimo para cualquiera que aspire a representar a los ciudadanos.
Porque el problema no es solo que existan presuntos “narcocandidatos”. El problema es que, cuando aparecen, alguien los invita, alguien los registra y alguien los defiende.
Y mientras eso no cambie, ninguna comisión, por muy elegante que suene el nombre, resolverá un problema que también es de voluntad política.
