Han pasado 10 años y 11 meses desde que Paulina Camargo desapareció. Casi once años de audiencias, amparos, recursos legales, aplazamientos y un proceso que, para su familia, se convirtió en una batalla de resistencia más que en una búsqueda de justicia.
Este viernes, el Tribunal de Enjuiciamiento tenía previsto emitir su resolución en el caso que marcó a Puebla desde agosto de 2015, sin embargo, será hasta el próximo 13 de julio, ya que la defensa presentará una prueba más y será hasta ese día cuando se emita un fallo.
A las afueras del Centro de Justicia Penal de la 11 Sur, familiares, amigos y colectivos colocaron siluetas con los nombres de mujeres víctimas de feminicidio en Puebla. También levantaron carteles con un mensaje que no ha cambiado en más de una década: “Justicia para Paulina”.
Un caso que sigue doliendo
Paulina tenía apenas 19 años y estaba embarazada cuando desapareció el 25 de agosto de 2015. Desde entonces, nadie ha podido decirle a su familia dónde está.
El proceso judicial ha pasado por distintas etapas. Incluso, José María N. fue condenado en un proceso anterior por otros delitos, pero esa sentencia quedó sin efectos tras resoluciones judiciales que ordenaron un nuevo análisis del caso.
Finalmente, este año inició el juicio oral por el delito de desaparición cometida por particulares.
Pero, lo verdaderamente indignante no es solo el caso, es el tiempo.
¿Cómo puede llamarse justicia a un proceso que tarda casi once años en acercarse a una resolución?
Mientras los expedientes iban de un escritorio a otro, una familia envejeció esperando respuestas. Mientras abogados presentaban recursos legales, una madre siguió poniendo una silla vacía en fechas especiales y un padre continuó buscando a su hija sin saber siquiera dónde terminó.
Porque aquí no solo desapareció Paulina. También desaparecieron once años de tranquilidad para una familia que aprendió a vivir entre juzgados, protestas y audiencias.
Que el tiempo no se convierta en impunidad
Hoy la familia exige la pena máxima en caso de que el Tribunal determine la responsabilidad penal de José María N.
Y su petición no nace del odio, nace del cansancio de una espera que parece interminable.
Ojalá esta audiencia marque el cierre de un proceso judicial. Pero, sobre todo, ojalá marque el inicio de una etapa donde las víctimas no tengan que pasar una década rogándole al sistema que haga su trabajo.
Porque una justicia que tarda casi once años no puede presumirse como un triunfo. Es un recordatorio de todo lo que el sistema le sigue debiendo a las víctimas y a sus familias.
Y hay algo que tampoco debería olvidarse: mientras el expediente avanzaba a paso lento, la vida de Paulina se quedó congelada en 2015.
Su familia no pudo verla graduarse, formar una familia o cumplir sus sueños, de hecho, ese tiempo jamás se recuperará. Por eso, más allá del sentido del fallo, este caso debe servir para recordar que la justicia lenta también lastima.
