El alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, pidió protección, denunció amenazas y alertó sobre el peligro que enfrentaba, pero nadie lo escuchó y el sábado lo asesinaron.
De acuerdo con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, el edil solicitó apoyo al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pero nunca recibió una respuesta efectiva. Tras el crimen, el líder panista exigió que el mandatario estatal asuma su responsabilidad política por la falta de atención a las denuncias.
La situación resulta todavía más alarmante porque el presidente municipal ya había advertido públicamente sobre los riesgos que corría. Hace poco más de un mes sufrió un secuestro exprés y denunció que personas lo extorsionaban y lo amenazaban constantemente.
A pesar de esas señales de alerta, la protección nunca llegó.
El caso vuelve a exhibir una de las mayores fallas de las autoridades: actuar cuando ya es demasiado tarde. En México, las amenazas rara vez se toman con la seriedad que merecen y, una vez consumada la tragedia, comienzan los comunicados, las investigaciones y las promesas de justicia.
Hasta el momento, el gobernador Salomón Jara no se ha pronunciado públicamente sobre el asesinato.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas veces más tendrán que advertir las víctimas que están en peligro para que las autoridades reaccionen? Porque cuando una persona denuncia amenazas, extorsiones y hasta un secuestro previo, el problema deja de ser una simple advertencia y se convierte en una emergencia.
Y cuando esa emergencia se ignora, el silencio institucional también pesa.
