En el negocio de la educación también hay quien vende humo con uniforme, instalaciones bonitas y hasta ceremonias de graduación.
Ante este riesgo, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó un punto de acuerdo para pedir a las secretarías de Educación federal y estatal que realicen auditorías e inspecciones permanentes en instituciones educativas públicas y privadas.
El objetivo es verificar que los programas que requieren Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) cuenten con él.
La propuesta también plantea que las autoridades acompañen con asesoría y orientación legal a quienes hayan sido víctimas de fraude educativo.
La propia SEP advierte que estudiar un programa sin RVOE puede dejar al alumno sin validez oficial, sin posibilidad de obtener un título reconocido ni cédula profesional.
Y todavía hay instituciones que juegan con la ilusión de quienes buscan prepararse para conseguir un mejor futuro. Cobran inscripción, mensualidades, cursos y otros conceptos, mientras el estudiante confía en que está construyendo una carrera profesional.
Cuando se descubre el engaño, el dinero ya salió y los años no regresan.
Pero, ¿por qué tendría que ser el estudiante quien descubra, después de pagar durante años, que la carrera que le vendieron no tiene validez oficial?
La educación no puede convertirse en una trampa comercial donde las escuelas cobran como universidades y entregan incertidumbre como futuro.
Si existen negocios que lucran con las aspiraciones de los jóvenes, las autoridades no pueden limitarse a esperar a que llegue otra denuncia.








