Nadie debería escandalizarse porque una joven asista a un partido del Mundial. Miles de personas ahorran para cumplir ese sueño y tienen todo el derecho de disfrutarlo.
El problema empieza cuando la explicación genera más dudas que certezas.
La diputada federal Rosario Orozco salió a defender a su hija, Rosario Barbosa Orozco, después de las críticas por su asistencia al partido entre Japón y Túnez en Monterrey, encuentro que quedó marcado como el número mil en la historia de las Copas del Mundo.
Según la legisladora, su hija no es militante de Morena y únicamente es simpatizante y votante del partido. Además, aseguró que el boleto tuvo un costo de 6 mil 500 pesos.
Y ahí fue donde comenzó la polémica.
Porque para muchos ciudadanos la pregunta no es si milita o no en Morena. Tampoco si tenía derecho a asistir al estadio.
La verdadera pregunta es otra: ¿cómo consiguió un boleto para uno de los eventos más demandados del Mundial a un precio tan inferior al que se manejaba en el mercado?
Si todo fue legal, transparente y dentro de las reglas, entonces debería explicarse con claridad. Así de sencillo.
El problema de los privilegios
La molestia ciudadana no surge únicamente por un partido de futbol. Surge porque durante años la clase política ha repetido que ya no existen privilegios, influencias ni tratos especiales.
Sin embargo, cuando aparecen casos como este, inevitablemente vuelven las sospechas.
Quizá la explicación sea completamente válida. Quizá realmente existió una promoción, una venta especial o algún mecanismo que permitió obtener el boleto a ese precio. Pero cuando se trata de personajes ligados al poder, la transparencia deja de ser opcional y se convierte en una obligación.
Y en política no basta con ser honesto, también hay que parecerlo.
Mientras millones de mexicanos enfrentan problemas económicos, observan cómo el costo de la vida aumenta y hacen cuentas para llegar a fin de mes, cualquier señal de posible privilegio genera indignación.
Por eso el debate no gira alrededor de una joven que fue al Mundial. El debate gira alrededor de la percepción de que para algunos las puertas parecen abrirse con más facilidad que para el resto.
Y cuando la respuesta oficial se limita a decir que “solo costó 6 mil 500 pesos”, lo que debería cerrar la discusión termina provocando todavía más preguntas.
