A Eduardo Rivera Pérez se le está complicando el recuerdo de sus años en el Ayuntamiento de Puebla.
El exalcalde panista enfrenta una sanción que le podría costar 15 millones de pesos y hasta 15 años sin poder ocupar cargos públicos municipales y estatales.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) puso sobre la mesa estas sanciones por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión.
Y no viene solo en el paquete: Bernardo Arrubarrena García, quien encabezó la Secretaría de Administración, también enfrenta una propuesta de multa por 10.5 millones de pesos y 10 años de inhabilitación.
Y vaya que la cuenta no es precisamente pequeña. Entre ambos, las sanciones económicas sumarían 25.5 millones de pesos.
Rivera, como era de esperarse, ya salió a defenderse. Asegura que recibió una resolución no definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y niega que haya cometido abuso de funciones. También anunció que impugnará la determinación y acusó un supuesto ataque político justo cuando comienza a calentarse la carrera rumbo a 2027.
Sin embargo, aunque el querido Lalo quiera convertir el asunto en una persecución política, hay algo que no puede esquivar con un simple comunicado: las cuentas públicas deben aclararse y los señalamientos deben enfrentarse con documentos, no solamente con discursos.
Porque si el exalcalde quiere volver a tener algo en 2027, primero tendrá que explicar qué pasó con los recursos de su administración.
No basta con levantar la mano para buscar la candidatura y posar como si nada hubiera pasado.
Por ahora, la resolución no es definitiva y Rivera todavía puede hacerse el desentendido. Pero vaya manera de complicarse el camino: entre multas millonarias, inhabilitaciones y cuentas pendientes, el sueño de regresar ya no luce tan cómodo.
