Dos meses y 10 días después, Ernesto Ruffo Appel le dijo adiós al penal del Altiplano y se fue rumbo a Ensenada.
El exgobernador panista salió escoltado por la Guardia Nacional, pero no precisamente para volver a la vida de antes, sino para seguir su proceso desde la comodidad de su domicilio.
El político de 74 años pasó cerca de 72 días tras las rejas. Ahora, una jueza le concedió prisión domiciliaria por razones “humanitarias”, tomando en cuenta su edad y estado de salud.
Porque, al parecer, los barrotes ya no eran la mejor opción para este exinquilino del poder.
Ruffo enfrenta una investigación por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
La Fiscalía lo relaciona con Ingemar, empresa de la que es accionista mayoritario, y con el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburo.
La defensa consiguió sacarlo del penal, pero ojo, que nadie confunda la salida con una absolución. El proceso sigue abierto y las acusaciones todavía tendrán que resolverse ante la justicia.
El exgobernador continuará bajo restricciones en su domicilio de Ensenada. Entre las medidas impuestas figura una videollamada diaria para verificar que permanezca en casa.
Así que, mientras otros procesados siguen tras las rejas, Ruffo cambia la celda por su propio techo.
Una medida legal que vuelve a poner sobre la mesa el trato diferenciado que puede existir entre quienes tienen recursos para pelear sus condiciones de reclusión y quienes no.
