Paola Migoya
La economía de Puebla vive una paradoja que cualquier análisis serio debe reconocer antes de emitir juicios: crece, pero no siempre incluye. En 2024 el estado se ubicó entre las seis entidades con mayor crecimiento del PIB del país, con un incremento de 3.5 por ciento, impulsado por la industria automotriz, las exportaciones y una inversión extranjera directa que en el primer trimestre de 2026 alcanzó 663.8 millones de dólares —72.7 por ciento más que un año antes—. Sin embargo, esa expansión convive con una tasa de informalidad laboral que en 2026 llegó a rondar el 70 por ciento de la población ocupada, la más alta registrada en dos décadas, y que golpea de manera desproporcionada a las mujeres. Puebla genera empleo, sí; pero cerca de la mitad de los puestos nuevos se suman a la economía informal, sin seguridad social ni certeza contractual.
En ese contexto conviene valorar, con la objetividad que exige el debate público, la apuesta que ha hecho el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel, al colocar a los Centros Integrales de Transformación y Seguridad Económico-Laboral —los CITSEL, bajo el sello “Puebla Cinco de Mayo”— como el eje articulador de la política laboral y de fomento empresarial del estado. Vista en prospectiva, es una decisión que merece reconocerse: no por su anuncio, sino porque construye, desde ahora, la arquitectura sobre la que Puebla podrá medir en los próximos años si su economía crece de manera más incluyente.
¿En qué consiste el modelo CITSEL?
El modelo, resultado de casi un año de trabajo interinstitucional según ha explicado el propio secretario, descansa en un convenio marco firmado por SEDETRA con 25 instituciones de educación superior: 14 institutos tecnológicos, ocho universidades tecnológicas y tres politécnicas, con nuevas adhesiones —como la Universidad Politécnica Metropolitana, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo o el COBAEP— que se han sumado a lo largo de 2026. Su arquitectura se sostiene en tres ejes: atención, transformación y vinculación laboral.
En términos prácticos, cada centro busca acercar a estudiantes, productores y pequeñas empresas servicios que hoy suelen requerir tiempo, traslados y trámites dispersos: orientación y capacitación, ferias de empleo, acompañamiento técnico para el desarrollo de marcas e impulso empresarial, facilitación de trámites y financiamiento para negocios en formación. La certificación bajo el sello “Puebla Cinco de Mayo” opera como un estándar de calidad que las sedes deben acreditar, lo que introduce un elemento poco común en este tipo de programas: un piso mínimo verificable, no solo una etiqueta política.
El objetivo declarado por el secretario Gabriel es explícito: combatir la pobreza a través de la educación y la integración productiva de los jóvenes, dinamizando sectores estratégicos —agroindustria entre ellos— y construyendo, en su propia definición, un modelo con “visión territorial y sentido de justicia económico-laboral”.
Un acierto de diseño, con resultados todavía por confirmarse
Vista en perspectiva, la decisión de construir una política de vinculación laboral sobre la infraestructura ya existente de 25 universidades —en lugar de crear burocracia paralela— es, técnicamente, un acierto: reduce costos de implementación, aprovecha capacidades instaladas y distribuye el modelo territorialmente en municipios como Huejotzingo o San Martín Texmelucan, donde el mercado laboral formal suele tener menor presencia. Es, además, una política que atiende el diagnóstico correcto: el problema de Puebla no es solamente generar empleo, sino generar empleo formal y con ingresos suficientes, en una entidad donde el salario laboral promedio apenas rebasa el costo de la canasta básica.
Ese acierto de diseño tiene nombre y responsable: el secretario Gabriel ha sabido leer el diagnóstico correcto del mercado laboral poblano y traducirlo, en tiempo récord, en una arquitectura institucional operable, algo que no siempre ocurre en la administración pública. Ese liderazgo técnico merece reconocerse con la misma claridad con la que se le exigirán resultados.
Dicho lo anterior, la honestidad intelectual obliga a una pregunta que ningún funcionario debería temer: ¿qué resultados medibles ha producido CITSEL hasta ahora? El programa arrancó operaciones apenas en 2026 y su despliegue —firma de convenios, apertura de sedes, instalación de los primeros centros en planteles del COBAEP— sigue en curso. Es, en el sentido más literal, una política joven. Falta ver cuántos jóvenes han sido efectivamente colocados en empleo formal, cuántas MiPyMEs certificadas bajo el sello “Puebla Cinco de Mayo” han accedido a financiamiento, y si la tasa de informalidad estatal —hoy la más alta en 21 años— comienza a ceder. Ese seguimiento con indicadores públicos, trimestrales y verificables, es lo que convertirá a CITSEL de una buena idea en una política de Estado con evidencia detrás.
Una política de izquierda humanista, alineada a la agenda global
Más allá de la etiqueta partidista, CITSEL se inscribe en una corriente de política pública que prioriza a la persona sobre el indicador macroeconómico aislado: no basta con que crezca el PIB si ese crecimiento no llega, en forma de ingreso y seguridad social, a quien lo produce. Es, en ese sentido, una política de izquierda humanista consistente con el discurso nacional del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y con el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Alejandro Armenta Mier: fortalecer la soberanía productiva sin renunciar al empleo digno.
Ese enfoque también encuentra sustento en la agenda internacional de desarrollo. Los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron sustituidos en 2015 por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y es ahí donde el modelo CITSEL encuentra su anclaje más claro: el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 4 (educación de calidad y vinculación con el sector productivo), el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 10 (reducción de las desigualdades, con énfasis en la brecha que hoy enfrentan las mujeres poblanas, cuya informalidad laboral supera a la de los hombres). Encuadrar a CITSEL explícitamente en esos cuatro objetivos no es un ejercicio retórico: permite medir su desempeño con métricas internacionalmente reconocidas y comparables en el tiempo.
La pieza pendiente: un módulo propio de adopción de inteligencia artificial
Si se piensa en prospectiva, el mayor potencial de CITSEL no está solo en formalizar el empleo que ya existe, sino en preparar a la fuerza laboral poblana para el tipo de empleo que viene. Ahí es donde la arquitectura del modelo tiene una pieza pendiente de peso: un programa propio, con presupuesto e indicadores independientes, de adopción de inteligencia artificial, integrado como un cuarto eje dentro de la estructura de atención, transformación y vinculación laboral.
Ese módulo tendría que operar en dos frentes distintos, y ambos son igual de urgentes. El primero, hacia adentro de los propios CITSEL: dotar a los jóvenes que pasan por los centros de competencias digitales y de uso de herramientas de IA aplicadas a su sector —agroindustria, manufactura, servicios—, de modo que la empleabilidad que promete el modelo no quede anclada a perfiles que la automatización desplazará en los próximos años. El segundo frente, hacia las MiPyMEs certificadas bajo el sello “Puebla Cinco de Mayo”: un programa de alfabetización y adopción tecnológica que les permita elevar productividad e ingresos sin el capital que normalmente exige la modernización de un negocio. Iniciativas de competitividad ya en discusión al interior del gobierno estatal, orientadas a elevar la productividad empresarial mediante herramientas de IA, encuentran en la red de universidades de CITSEL el vehículo de despliegue territorial que necesitan; sin ese vehículo, cualquier estrategia de IA-competitividad corre el riesgo de quedarse en el papel.
La ventana para incorporar esta pieza es ahora, mientras el modelo aún está en fase de despliegue y antes de que su currícula y sus indicadores queden fijados. Sumar un cuarto eje de adopción de IA —dentro del programa y dentro de las MiPyMEs que atiende— es, probablemente, la decisión que determine si CITSEL prepara a Puebla para la economía de los próximos diez años o solamente para la de los últimos diez.
Lo que falta para consolidar la apuesta
Si el diagnóstico de fondo es correcto —romper el círculo de informalidad mediante educación y vinculación productiva—, el siguiente paso lógico es dotar a CITSEL de un brazo financiero permanente. Hoy el modelo ofrece orientación, capacitación y facilitación de trámites; lo que puede fortalecerlo de manera decisiva es el acceso efectivo a capital de trabajo para los negocios y emprendimientos que egresan de los centros, algo que la banca comercial tradicionalmente restringe a la micro y pequeña empresa poblana por falta de historial crediticio o garantías.
Ahí es donde cobra sentido articular CITSEL con instrumentos de banca de desarrollo estatal ya en discusión, como un Fondo Soberano de Riqueza de Puebla que capitalice, con visión de largo plazo y sin comprometer el gasto corriente, líneas de crédito a tasas preferenciales y garantías líquidas para las MiPyMEs certificadas bajo el sello “Puebla Cinco de Mayo”. Complementar ese fondo con un componente formal de educación financiera —dirigido a los mismos jóvenes y productores que hoy pasan por los centros— cerraría el círculo: capacitación, vinculación laboral, acceso a crédito y capacidad para administrarlo. Ninguna de esas cuatro piezas sustituye a las otras; sin las cuatro, el riesgo es que CITSEL forme y oriente, pero no logre traducir esa formación en negocios que sobrevivan más allá del primer año.
El mérito de haber puesto en marcha, en menos de un año, una arquitectura interinstitucional con 25 universidades y un sello de calidad verificable es indiscutible, y corresponde reconocerlo como lo que es: un acierto de política pública y una muestra de liderazgo técnico del secretario Gabriel al frente de SEDETRA. La política pública seria, sin embargo, no se sostiene solo en el acierto del diseño inicial: se sostiene en la evidencia que se construye después. Puebla tiene ya la estructura; el reto para 2027 es sumar el módulo de adopción de IA, consolidar la evaluación pública de resultados y construir la arquitectura financiera que permita que la formalidad, y no la informalidad, sea la que marque récords en el estado.
