Mtro. Gerardo Galicia
Dos años después, la pregunta ya no es si Pepe Chedraui tenía buenas intenciones.
La pregunta es si tiene la capacidad para gobernar Puebla capital.
Porque una cosa es ganar una elección con una estructura política poderosa, contar con el respaldo del partido gobernante y construir una imagen de empresario exitoso. Otra, muy distinta, es administrar una ciudad de más de un millón y medio de habitantes, enfrentar sus problemas y demostrar resultados.
José Chedraui Budib está por cumplir dos años al frente del Ayuntamiento de Puebla y su administración sigue enfrentando problemas que parecen superar su capacidad de respuesta: inseguridad, calles deterioradas, ambulantaje, desorden urbano y una preocupante dependencia de las intervenciones del Gobierno del Estado.
Su administración se presenta bajo el eslogan de una Capital Imparable.
Pero la realidad obliga a preguntar: ¿Imparable hacia dónde?
Una ciudad donde ocho de cada diez se sienten inseguros
Empecemos por uno de los indicadores más contundentes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, correspondiente a junio de 2026, 81.3% de los habitantes adultos de Puebla capital manifestó sentirse inseguro.
Ocho de cada diez.
Es cierto que la percepción mejoró respecto al 84% registrado un año antes.
Pero también es cierto que Puebla continuó entre las diez ciudades con mayor percepción de inseguridad del país.
Entonces, ¿qué deberíamos celebrar?
¿Una reducción de algunos puntos porcentuales o preocuparnos porque la inmensa mayoría de los ciudadanos sigue sintiendo miedo?
Una administración puede presumir patrullas, operativos, reuniones de seguridad y estadísticas de delitos a la baja.
Pero cuando ocho de cada diez ciudadanos se sienten inseguros, existe una enorme distancia entre el discurso gubernamental y la tranquilidad que debería garantizarse.
El Ayuntamiento informó una reducción del 13% en la incidencia delictiva de 2025 respecto de 2024.
Es un avance que debe reconocerse.
Pero el dato no borra la percepción de inseguridad.
La seguridad pública no puede medirse solamente por lo que reporta el gobierno; también debe evaluarse por lo que vive y percibe la ciudadanía.
Y en Puebla capital la confianza todavía está lejos de recuperarse.
El ambulantaje: un problema que terminó exhibiendo la debilidad municipal
Quizá uno de los problemas que mejor refleja la dificultad de gobernar la capital sea el comercio ambulante.
No es un fenómeno nuevo.
Tampoco nació con Pepe Chedraui.
Pero después de dos años, su administración ya no puede limitarse a explicar que lo heredó.
Los datos publicados recientemente muestran una situación preocupante.
En Puebla existen alrededor de 90 organizaciones de comerciantes ambulantes, de las cuales aproximadamente diez concentran una presencia importante en distintos espacios del Centro Histórico.
Hasta julio de 2026, el Ayuntamiento mantenía 1,650 permisos vigentes para vendedores ambulantes distribuidos en 27 puntos de la ciudad.
Mientras tanto, la Dirección de Vía Pública contaba con aproximadamente 100 elementos para atender las tareas de supervisión y ordenamiento.
El problema no son los 1,650 permisos en sí mismos, porque un comerciante autorizado tiene derecho a trabajar conforme a las reglas.
El problema es la capacidad del gobierno para distinguir entre comercio permitido, ocupación irregular de espacios, incumplimiento de condiciones y posibles mecanismos de control ejercidos por organizaciones.
Y aquí surgen preguntas que el alcalde debería responder.
¿Cuántos comerciantes operan realmente sin autorización?
¿Cuántos espacios públicos han sido recuperados de manera permanente?
¿Cuántas inspecciones terminan en sanciones efectivas?
¿Cuánto se recauda por permisos?
¿Existen padrones públicos y verificables?
¿Quién controla la asignación de espacios?
Porque realizar operativos para retirar vendedores que después regresan al mismo lugar no representa una solución de fondo.
Representa una administración atrapada en un círculo de acciones temporales.
Una autoridad que recupera una calle por la mañana y pierde el control de ella por la tarde no está resolviendo el problema: solamente está administrando su propia incapacidad de sostener el orden.
Y que quede claro: no se trata de perseguir a quienes salen a vender para sostener a sus familias.
La informalidad tiene causas económicas profundas.
Se trata de exigir reglas claras, alternativas viables, espacios ordenados y condiciones equitativas para comerciantes establecidos y vendedores autorizados.
La necesidad de trabajar no elimina las obligaciones del Ayuntamiento.
Y la autoridad municipal tampoco puede renunciar a gobernar el espacio público por temor al costo político.
Más de 433 mil baches: ¿logro o retrato del deterioro?
Pasemos a las calles.
El propio Ayuntamiento informó que, hasta agosto de 2026, había atendido 433 mil 950 baches desde el inicio de la administración.
Casi 434 mil intervenciones.
La cifra se presenta como un resultado importante.
Pero también merece una lectura crítica.
Si se han tenido que reparar tantos baches, ¿qué tan deteriorada estaba la infraestructura vial?
¿Y cuánto ha mejorado realmente?
Porque contabilizar baches tapados no equivale a medir calles rehabilitadas.
Tampoco demuestra cuánto duran las reparaciones.
Ni cuántas vialidades vuelven a presentar daños.
Ni cuál es el costo por intervención.
La ciudad necesita conocer indicadores de calidad y durabilidad, no solamente cantidades acumuladas de trabajos.
Hay una diferencia entre tapar agujeros y resolver estructuralmente el deterioro de las calles.
Puebla no puede convertirse en una ciudad donde el éxito de la política de infraestructura se mida por la cantidad de veces que hay que reparar lo que sigue fallando.
Armenta pavimenta y Chedraui acompaña: ¿coordinación o dependencia?
Aquí aparece otra de las contradicciones más importantes de estos primeros dos años.
El Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, ha realizado intervenciones relevantes en vialidades de Puebla capital.
Durante 2026 anunció nuevas obras y un programa estatal que contempla decenas de vialidades.
Mientras tanto, el Ayuntamiento también ha desarrollado proyectos propios, entre ellos el Tren Capitalino de Pavimentación.
Por eso sería incorrecto afirmar que el municipio no realiza obra pública.
Pero sería igualmente incorrecto presentar toda la transformación vial de la capital como si fuera producto exclusivo del gobierno municipal.
Y ahí comienza la discusión política.
¿Por qué el Gobierno del Estado tiene que asumir una participación tan visible en la recuperación de las vialidades de Puebla?
¿La administración municipal cuenta con capacidad financiera, técnica y operativa suficiente?
¿O parte de sus limitaciones están siendo compensadas por la intervención estatal?
La coordinación es positiva.
Lo cuestionable sería que se convirtiera en una dependencia permanente.
Puebla necesita saber quién paga, quién ejecuta y quién se adjudica cada obra.
Porque cuando un gobernador termina siendo protagonista de buena parte de la recuperación de infraestructura en la capital, el presidente municipal tiene la obligación de explicar cuál es su propia aportación.
El ciudadano no debería conformarse con fotografías de inauguraciones.
Debería exigir presupuestos, contratos, kilómetros intervenidos, calidad de materiales y resultados verificables.
Un Ayuntamiento que debe explicar en qué gasta
El gobierno municipal no es una empresa de publicidad.
Es una institución encargada de administrar recursos públicos.
Y después de dos años, el alcalde debería presentar un balance financiero que permita saber qué porcentaje del presupuesto se ha destinado a inversión pública, cuánto a gasto administrativo y cuánto a servicios que impactan directamente en las colonias.
También debería explicar qué proporción de las obras ejecutadas en la capital fue financiada con recursos municipales, estatales o federales.
Porque una administración no puede medirse únicamente por el número de acciones anunciadas.
Debe evaluarse por la relación entre el dinero gastado y los problemas efectivamente resueltos.
Si se gastan millones y las condiciones de vida no mejoran suficientemente, existe un problema de eficacia gubernamental.
Y eso también debe cuestionarse.
El problema de fondo: una administración que parece reaccionar más de lo que planea
Seguridad.
Ambulantaje.
Baches.
Ordenamiento urbano.
Servicios públicos.
Son problemas distintos, pero comparten una característica: requieren planeación, continuidad, autoridad y evaluación.
Sin embargo, la administración municipal parece concentrar buena parte de su comunicación en anunciar intervenciones, supervisiones y acciones correctivas.
Se tapa el bache.
Se anuncia el operativo.
Se supervisa la calle.
Se presenta el programa.
Se publica la fotografía.
Pero la pregunta fundamental permanece: ¿Qué problema quedó realmente resuelto?
Puebla necesita un gobierno capaz de anticiparse a los problemas, no solamente de reaccionar cuando éstos se vuelven mediáticamente incómodos.
Necesita una estrategia de mantenimiento vial de largo plazo.
Un programa verificable de recuperación del espacio público.
Indicadores de seguridad que vayan más allá de la disminución de carpetas.
Y una política de servicios públicos que llegue a colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares.
Porque gobernar una ciudad no consiste en aparecer en todas las fotografías.
Consiste en lograr que los resultados aparezcan en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Pepe Chedraui ya no puede gobernar con el argumento de la herencia
Es verdad que muchos de los problemas de Puebla tienen décadas.
El ambulantaje no comenzó en 2024.
Los baches tampoco.
La inseguridad no apareció con esta administración.
Y sería irresponsable responsabilizar al alcalde de cada problema estructural de la ciudad.
Pero existe una responsabilidad que sí le corresponde.
Fue elegido para enfrentarlos.
No para explicar indefinidamente por qué existen.
Después de dos años, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados propios, medibles y sostenibles.
Porque si una administración necesita seguir justificándose en lo que hicieron o dejaron de hacer sus antecesores, comienza a revelar una preocupante ausencia de resultados suficientemente contundentes.
La elección ya terminó.
La campaña ya terminó.
El periodo de adaptación también debería haber terminado.
Ahora corresponde gobernar.
Una capital que exige más de su alcalde
Pepe Chedraui llegó con una oportunidad política extraordinaria.
Tenía respaldo electoral, relaciones institucionales y la posibilidad de coordinarse con gobiernos del mismo bloque político.
Esas condiciones deberían facilitar la gestión.
No convertirse en excusa para diluir responsabilidades.
Si el Gobierno del Estado ejecuta obras, hay que reconocerlo.
Si el Ayuntamiento realiza trabajos, también.
Si los delitos disminuyen, debe informarse.
Pero si ocho de cada diez poblanos siguen sintiéndose inseguros, también debe decirse.
Si el comercio ambulante continúa generando conflictos por el uso del espacio público, debe enfrentarse.
Y si después de cientos de miles de reparaciones las calles siguen necesitando intervenciones constantes, debe evaluarse la estrategia.
Porque el ciudadano no vive dentro de un informe de gobierno.
Vive en una colonia.
Camina por una banqueta.
Circula por una avenida.
Espera transporte.
Abre un negocio.
Regresa a casa.
Y ahí es donde verdaderamente se evalúa a un alcalde.
Dos años después: ¿la ciudad supera al presidente municipal?
Sería exagerado afirmar que Pepe Chedraui no ha hecho nada.
Pero también sería complaciente confundir actividad gubernamental con transformación.
Después de casi dos años, los indicadores y los problemas persistentes justifican cuestionar si la administración está respondiendo a la dimensión de la capital.
Porque Puebla no necesita un presidente municipal que solamente gestione los problemas.
Necesita uno que los resuelva.
No necesita una estrategia de comunicación que convierta cada intervención en un acontecimiento.
Necesita resultados que hagan innecesario presumir lo elemental.
Y mucho menos necesita que el Gobierno del Estado termine cargando con una parte importante de las expectativas de transformación urbana.
La coordinación entre gobiernos no puede ser el sustituto de la capacidad municipal.
Pepe Chedraui debería aprovechar su segundo informe para responder una pregunta que va mucho más allá de la propaganda:
¿Qué problemas estructurales de Puebla capital están hoy mejor resueltos que cuando asumió el cargo?
Porque las calles, la seguridad y el espacio público no se gobiernan con eslóganes.
Y los resultados no se miden por el tamaño de las fotografías.
Se miden por la transformación de la ciudad.
Puebla capital no puede conformarse con tener un alcalde que administra el deterioro mientras otros gobiernos ayudan a repararlo.
Y después de dos años, quizá la conclusión política más incómoda sea ésta:
Pepe Chedraui llegó prometiendo una Capital Imparable, pero todavía tiene que demostrar que la ciudad no terminó rebasando a su propio gobierno.
