Mtro. Gerardo Galicia
Hay cifras que deberían ser suficientes para paralizar a un gobierno.
Nueve jóvenes desaparecidos cada día.
No en todo México. En Puebla.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2026 fueron registrados 2 mil 619 casos de personas desaparecidas de entre 15 y 30 años en Puebla.
El equivalente aproximado a nueve jóvenes cada día.
De ellos, mil 284 corresponden solamente al municipio de Puebla.
Detrás de cada número hay una fotografía.
Una ficha.
Un nombre.
Una madre esperando una llamada.
Un padre recorriendo hospitales.
Hermanos compartiendo publicaciones.
Amigos pegando carteles.
Y una pregunta que se repite hasta convertirse en pesadilla:
¿Dónde está?
Esta semana esa realidad dejó dos historias particularmente dolorosas.
Una se llama Hugo Alejandro Hernández Tello.
La otra, Mateo Hernández.
Hugo salió a jugar futbol y nunca regresó
Hugo Alejandro tenía 25 años.
Estudiaba Administración de Empresas en la BUAP.
El 5 de septiembre salió de su casa para jugar futbol con sus amigos.
No volvió.
Durante 17 días, familiares, amigos, estudiantes, autoridades y ciudadanos participaron en su búsqueda.
Su fotografía inundó las redes sociales.
La esperanza permaneció hasta el último momento.
El 22 de septiembre terminó.
Su cuerpo fue localizado en el río Alseseca, a la altura de Lomas de San Miguel. La Fiscalía informó posteriormente que el dictamen médico forense determinó como causa de muerte un traumatismo craneofacial y que las lesiones eran compatibles con una caída; la investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias.
Hay que respetar los resultados de la investigación.
No inventar culpables.
No construir teorías sin pruebas.
Pero también tenemos derecho a formular una pregunta:
¿Cómo puede desaparecer durante 17 días un joven dentro de una ciudad llena de cámaras, teléfonos, antenas, negocios, patrullas y tecnología?
No es solamente una pregunta sobre Hugo.
Es una pregunta sobre nuestra capacidad institucional para encontrar personas.
Mateo tenía 16 años
Mientras Puebla todavía esperaba noticias de Hugo, otra familia comenzó exactamente la misma pesadilla.
Mateo Hernández, hijo del presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández López, tenía 16 años y estudiaba preparatoria.
Fue reportado como desaparecido el sábado 19 de septiembre.
La información inicial señalaba que había salido para realizar actividades escolares.
Cuatro días después también fue localizado sin vida.
Su cuerpo fue encontrado en Nicolás Bravo, en la zona de Azumbilla.
La Fiscalía informó este 24 de septiembre que investiga el caso como secuestro: según las diligencias difundidas, después de que Mateo salió de su domicilio, sus familiares recibieron una comunicación en la que se informó que estaba privado de la libertad y se exigió dinero a cambio de liberarlo.
Aquí tampoco debemos especular.
Corresponde a la Fiscalía determinar responsables, móvil y circunstancias.
Pero existe algo imposible de ignorar:
si el hijo de un presidente municipal puede ser privado de la libertad y posteriormente aparecer muerto, ¿qué puede esperar cualquier familia que no dispone de relaciones políticas, recursos o atención mediática?
No lo pregunto para minimizar el dolor de esa familia.
Todo lo contrario.
Un padre que ocupa un cargo público sigue siendo padre.
Una madre sigue siendo madre.
Y la muerte de un hijo no distingue partido político, condición económica ni cargo.
Lo que este caso demuestra brutalmente es que la inseguridad termina alcanzando a todos.
México convirtió las fichas de búsqueda en parte del paisaje
Quizá ése sea uno de nuestros mayores fracasos colectivos.
Nos acostumbramos.
Abrimos Facebook y aparece una ficha.
Deslizamos.
Aparece otra.
Una adolescente de 16 años.
Un joven de 22.
Una estudiante de 24.
Otro de 29.
Compartimos.
Seguimos navegando.
Y mañana aparece alguien más.
El propio Registro Nacional reconoce que los rangos de 15 a 19 y de 20 a 29 años presentan concentraciones particularmente importantes de reportes de desaparición. El RNPDNO es una base dinámica que se actualiza continuamente, por lo que sus cifras pueden modificarse conforme las personas son localizadas o los registros son actualizados.
Ese matiz estadístico es importante.
Porque no toda persona reportada como desaparecida permanece desaparecida.
Y tampoco toda desaparición constituye necesariamente un delito.
Pero eso no vuelve pequeño el problema.
Puebla localiza a muchos. Pero no es suficiente
También debemos reconocer los datos positivos.
El Gobierno de Puebla informó que entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2026 recibió 998 reportes de personas desaparecidas y localizó a 839, equivalente al 84%.
De las personas localizadas, 743 manifestaron que se trató de una ausencia voluntaria.
Eso debe decirse.
Pero también debe decirse lo demás.
Porque localizar al 84% significa que existen casos que permanecen abiertos.
Y porque detrás de ese porcentaje hay historias completamente diferentes.
Algunas personas regresan voluntariamente.
Otras son víctimas de violencia familiar.
Otras pueden ser víctimas de delitos.
Y algunas son encontradas muertas.
Hugo y Mateo nos recuerdan precisamente esa diferencia.
El problema no puede comenzar cuando desaparecen
La política pública mexicana sigue teniendo una enorme obsesión por reaccionar.
Desaparece alguien.
Activamos una ficha.
Compartimos una fotografía.
Movilizamos policías.
Revisamos cámaras.
Organizamos brigadas.
Todo eso es indispensable.
Pero existe una pregunta anterior:
¿Qué estamos haciendo para evitar que desaparezcan?
La desaparición de personas no puede atenderse únicamente como un problema de búsqueda.
También es un problema de seguridad.
De prevención.
De violencia.
De crimen organizado.
De trata de personas.
De secuestro.
De violencia familiar.
Y, dependiendo de cada caso, de diferentes circunstancias sociales y personales.
Necesitamos mejores mecanismos de búsqueda.
Pero también necesitamos atacar las causas que producen desapariciones.
Las primeras horas no pueden desperdiciarse
México debe terminar definitivamente con aquella vieja cultura institucional de decir:
“Seguro se fue con el novio”.
“Espere 72 horas”.
“Ya regresará”.
“Es joven”.
“Probablemente se fue por voluntad propia”.
Cada desaparición debe comenzar tratándose con seriedad.
Porque si posteriormente se determina que fue una ausencia voluntaria, extraordinario.
Pero si hubo un delito, las primeras horas pueden resultar decisivas.
Cámaras.
Geolocalización conforme a la ley.
Telefonía.
Testimonios.
Vehículos.
Casetas.
Redes sociales.
Hospitales.
Terminales.
Carreteras.
Fiscalías, policías municipales, estatales y federales deberían trabajar desde el primer momento mediante protocolos interoperables.
No como instituciones que intercambian oficios.
Como un solo sistema de búsqueda.
También necesitamos mejores datos
Existe además un problema que pocas veces discutimos.
Las cifras sobre desapariciones pueden variar dependiendo de qué institución consultemos y qué exactamente esté contabilizando.
Por ejemplo, la Fiscalía de Puebla registró 1,086 carpetas de investigación por desaparición de personas entre enero y agosto de 2026, aproximadamente 136 mensuales.
Puebla capital concentró 467; Tehuacán 61; San Martín Texmelucan 36; Cuautlancingo 35; Amozoc, Izúcar de Matamoros y San Pedro Cholula, 30 cada uno.
Esas cifras no son directamente comparables con los 2,619 registros de jóvenes del RNPDNO porque miden universos y registros distintos.
Pero precisamente ahí existe otro desafío.
Un país que quiere encontrar a sus desaparecidos necesita saber exactamente a quién está buscando.
Fiscalías, comisiones de búsqueda y Registro Nacional necesitan información interoperable, actualizada y transparente.
No necesitamos otra condolencia
Después de cada tragedia ocurre prácticamente lo mismo.
“Lamentamos profundamente”.
“Expresamos nuestras condolencias”.
“Reiteramos nuestro compromiso”.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias”.
Las condolencias son humanas.
Pero no son política pública.
Las familias necesitan investigaciones.
Resultados.
Responsables.
Sentencias cuando hubo delito.
Y sobre todo necesitan que la siguiente familia no tenga que vivir lo mismo.
Porque gobernar también significa impedir que las tragedias se vuelvan estadísticas.
¿Cuántos más?
Hugo Alejandro tenía 25 años.
Mateo tenía 16.
Uno estudiaba una licenciatura.
El otro cursaba preparatoria.
Los dos tenían una vida por delante.
Sus casos son diferentes y las investigaciones apuntan, hasta ahora, a circunstancias distintas. No sería responsable mezclarlos penalmente.
Pero socialmente existe algo que inevitablemente los une:
salieron de casa y sus familias comenzaron a buscarlos.
Y ambos fueron encontrados sin vida.
Puebla tiene que preguntarse seriamente qué está ocurriendo con sus jóvenes.
Porque 2 mil 619 reportes de personas de entre 15 y 30 años en menos de nueve meses no pueden convertirse simplemente en otra estadística.
Son 2 mil 619 veces que alguien preguntó:
“¿Dónde está mi hijo?”
“¿Dónde está mi hija?”
“¿Dónde está mi hermano?”
“¿Dónde está mi amigo?”
Y aunque muchas de esas personas posteriormente hayan sido localizadas, cada reporte representa horas o días de angustia que ninguna familia debería normalizar.
Por eso no quiero terminar esta columna hablando de números.
Quiero terminar hablando de nombres.
Hugo Alejandro Hernández Tello.
Mateo Hernández.
Porque quizá uno de los mayores peligros de una crisis de desapariciones sea precisamente éste:
que un día dejemos de recordar los nombres y solamente discutamos estadísticas.
México no puede acostumbrarse a buscar a sus jóvenes.
Puebla tampoco.
Y ningún gobierno debería sentirse satisfecho mientras exista una madre o un padre recorriendo calles con la fotografía de su hijo entre las manos.
Porque una ficha de búsqueda no es una publicación más.
Es una familia pidiendo que alguien regrese a casa.
Y cuando esa persona no regresa, la pregunta también debe dirigirse al Estado:
¿qué falló y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir?
