Otra vez un video hizo el trabajo que las instituciones no hicieron. Policías municipales de Coquimatlán, Colima, fueron exhibidos mientras sometían y torturaban a un hombre esposado dentro de las propias instalaciones de Seguridad Pública, un lugar que debería garantizar la legalidad, no convertirse en un escenario de abusos.
Las imágenes muestran a un detenido completamente sometido mientras los agentes le vierten agua sobre el rostro y le cubren las vías respiratorias con una tela, una práctica que ha generado señalamientos por posibles actos de tortura.
No se trata de un enfrentamiento ni de un uso legítimo de la fuerza. El hombre estaba esposado y bajo custodia.
Sin video, probablemente no habría investigación
Solo después de que la grabación se hizo viral, el Ayuntamiento de Coquimatlán confirmó que los elementos pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y anunció investigaciones jurídicas y administrativas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima también abrió una queja de oficio y exigió un informe en un plazo de 24 horas.
La pregunta es inevitable: si ese video nunca hubiera salido a la luz, ¿alguien habría investigado?
En México parece repetirse la misma historia. Primero ocurre el abuso, después aparece un video y luego llegan los comunicados prometiendo “cero tolerancia”, investigaciones internas y respeto a los derechos humanos. Lo que rara vez llega son las sentencias y las responsabilidades reales.
La placa no puede convertirse en licencia para torturar
Ningún uniforme autoriza a humillar, asfixiar o maltratar a una persona detenida. Quien está bajo custodia del Estado pierde momentáneamente su libertad, no sus derechos humanos.
Resulta especialmente grave que los hechos ocurrieran dentro de una instalación oficial. Eso significa que, de confirmarse las agresiones, no fueron actos impulsivos en la calle, sino conductas ejecutadas en un espacio institucional donde la ley debería imponerse por encima de cualquier abuso.
Hasta el momento las autoridades no han informado si los policías fueron suspendidos de sus funciones, un silencio que solo alimenta la desconfianza ciudadana.
Porque una investigación interna no borra un posible acto de tortura. Si las imágenes reflejan un delito, la respuesta no puede quedarse en un expediente administrativo.
La sociedad no necesita comunicados; necesita justicia y responsables frente a un juez.
