En México, los gobiernos llenan discursos hablando de la protección de las infancias, de los derechos de las niñas y los niños, de protocolos, instituciones y justicia, pero, hay momentos que exhiben la distancia brutal entre lo que se dice y lo que realmente ocurre.
Un caso ocurrido en Coahuila ha provocado indignación en todo el país y ha vuelto a encender las alarmas sobre la manera en que las instituciones responden cuando una niña denuncia presuntos abusos.
Durante una diligencia relacionada con su custodia, una menor de apenas 9 años rompió en llanto frente a autoridades y personas presentes para señalar que presuntamente había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, identificado como Eduardo Alejandro. Las imágenes del momento comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales y generaron una ola de cuestionamientos sobre la actuación de quienes tenían la obligación de protegerla.
De acuerdo con los testimonios de su madre, Vica Torres Arocha, los policías presentes no recibieron formalmente la denuncia ni activaron medidas de protección inmediatas. Mientras su hija lloraba y aseguraba estar en riesgo, quienes estaban ahí para protegerla simplemente no actuaron.
Pese a la gravedad de los señalamientos, pese al evidente estado emocional de la menor y pese a que el principio del interés superior de la niñez obliga a privilegiar la protección de los menores ante cualquier posible riesgo, la niña fue entregada a la persona que acusaba.
El caso ha abierto una discusión incómoda pero necesaria: ¿qué debe hacer una víctima para que su voz sea escuchada? Porque aquí no se habla únicamente de un conflicto legal por la custodia. Se habla de una menor que, entre lágrimas, aseguró estar en peligro y que aun así terminó siendo entregada a la persona que acusaba.
Un sistema de protección infantil no puede depender de que un video se haga viral. La seguridad de una niña no debería depender de que una protesta obligue a las autoridades a reaccionar y la protección de una posible víctima no puede quedar sujeta al costo político que genere un caso en redes sociales.
Es decir, si las instituciones encargadas son incapaces de reaccionar cuando una menor denuncia presunto abuso frente a ellas, entonces el problema va mucho más allá de este caso. Significa que el sistema está fallando exactamente donde no puede darse el lujo de fallar: en la protección de los más vulnerables.
Y cuando una niña pide ayuda y la autoridad decide no escucharla, lo que fracasa no es un protocolo. Lo que fracasa es el Estado.
