La vieja práctica de convertir los cargos públicos en mercancía volvió a colocarse bajo los reflectores. Autoridades detuvieron a Óscar Guzmán durante un operativo realizado en Metepec.
De manera preliminar, las investigaciones lo vinculan con una presunta red de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México.
Si las acusaciones se confirman, el caso exhibiría uno de los rostros más indignantes de la corrupción: convertir oportunidades laborales en un mercado clandestino.
Porque mientras miles de jóvenes estudian, se preparan y compiten por un empleo, siempre aparece la sospecha de que algunos prefieren abrir la puerta con dinero en lugar de hacerlo con capacidad.
Y cuando eso ocurre dentro del sistema educativo, el golpe resulta todavía más grave.
Óscar Guzmán ocupó el cargo de subsecretario de Administración durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza.
Su captura vuelve a colocar bajo escrutinio prácticas que durante años han perseguido a distintas administraciones públicas: favoritismos, tráfico de influencias y redes que operan lejos de la transparencia que tanto presumen los discursos oficiales.
Porque en México la corrupción rara vez aparece sola. Casi siempre llega acompañada de complicidades, silencios y estructuras que sobreviven sexenio tras sexenio.
La noticia no solo trata sobre un exfuncionario, también habla de ciudadanos que desconfían de las instituciones, de profesionistas que sienten que compiten en desventaja y de contribuyentes que observan cómo algunos convierten el servicio público en una oportunidad de negocio.
Por ahora, las autoridades deberán acreditar las acusaciones ante las instancias correspondientes.
Sin embargo, la detención ya deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿cuántas plazas se asignaron por mérito y cuántas terminaron convertidas en moneda de cambio dentro de los pasillos del poder?
