¿Qué se supone que debe hacer un ciudadano cuando quienes deberían combatir el delito terminan acusados de cometerlo?
Cuatro elementos de la Guardia Nacional enfrentan un proceso penal por su presunta participación en el robo de 400 mil pesos en efectivo de un negocio de máquinas tragamonedas en el Ejido Peñuelas.
Según la investigación, ingresaron al inmueble sin una orden judicial, ejercieron violencia contra las personas que se encontraban en el lugar y causaron daños a la propiedad.
Por esos hechos, un juez ordenó su prisión preventiva mientras continúa el proceso.
El uniforme no puede ser un escudo
El coordinador estatal de la Guardia Nacional, Isaac Aarón Jesús García, confirmó que la Fiscalía les imputa delitos como abuso de autoridad, violencia contra las personas y daños a la propiedad.
La ironía resulta imposible de ignorar.
La misma institución que tiene la misión de combatir esos delitos ahora enfrenta un caso en el que algunos de sus propios elementos aparecen acusados de cometerlos.
No se trata de un simple error administrativo ni de una falta menor.
Si las acusaciones se confirman, hablamos de conductas que traicionan la confianza que la ciudadanía deposita en quienes portan un uniforme y un arma.
¿Y la institución qué hace?
Aquí surge otra pregunta incómoda.
Aunque los cuatro elementos ya se encuentran en prisión preventiva, la Guardia Nacional todavía no los da de baja de manera definitiva.
La corporación únicamente suspendió el pago de sus salarios mientras el proceso judicial sigue su curso.
Legalmente existe la presunción de inocencia y corresponde a los tribunales determinar responsabilidades.
Sin embargo, eso no impide exigir que las instituciones actúen con transparencia y expliquen por qué mantienen el vínculo administrativo con servidores públicos acusados de delitos tan graves.
Cada caso de este tipo hace más difícil que la ciudadanía crea en los discursos sobre seguridad.
Las autoridades piden confianza, colaboración y respeto hacia las instituciones. Pero, esa confianza no se impone, se gana con resultados, con honestidad y con la certeza de que nadie recibirá un trato privilegiado por portar un uniforme.
Porque cuando un ciudadano teme tanto al delincuente como al servidor público que debía protegerlo, el problema ya no es solo de seguridad, también es de credibilidad.
Y recuperar esa confianza será mucho más complicado que ofrecer una conferencia de prensa o emitir un comunicado.
