La reducción del gasto programable pagado sería de 833 mil 664 mdp respecto a lo estimado para este año, lo que implica un descenso real de 12.1 por ciento.
Enrique Quintana.
El miércoles pasado la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso los PreCriterios de Política Económica para el 2025.
Al analizar las cifras de esta primera versión del Paquete Económico del próximo año hay dos que llaman poderosamente la atención y que serán los retos principales en materia de finanzas públicas para la siguiente administración, que comenzará el próximo 1 de octubre.
El déficit público bajaría de un estimado de 5 por ciento del PIB para este año a 2.5 por ciento para el 2025.
Los requerimientos financieros del sector público, que agregan al déficit otros cargos extrapresupuestales, pasarían de un 5.9 por ciento del PIB estimado para este año a 3.0 por ciento para 2025.
El factor más relevante para explicar este ajuste en las finanzas públicas es un descenso muy notorio del gasto público.
La reducción del gasto programable pagado sería de 833 mil 664 millones de pesos respecto a lo estimado para este año.
En términos porcentuales esto implica un descenso real de 12.1 por ciento.
El argumento que se presenta en el documento es que es factible realizar este recorte basado en que durante 2024 hubo gasto no recurrente que ya no tendrá que efectuarse en 2025.
En otras ocasiones se ha planteado que, al terminar los grandes proyectos de inversión del actual gobierno, se quitarían presiones al gasto público.
Desde que se dio a conocer el argumento, le expresé al lector mi duda respecto al nivel de presión que tales proyectos producen en las finanzas públicas, en contraste con la que sí tienen con los programas sociales y el pago de pensiones, que no bajarán en 2025.
El recorte previsto es de gran magnitud y se ve muy complicado de operar.
De hecho, dejaría el gasto programable de 2025, 8.7 por ciento por abajo del realizado en el año 2022, por poner una referencia.
La última ocasión que se presentó un recorte de estas magnitudes fue en el año 2017, cuando hubo una fuerte caída de los precios del petróleo que impactó negativamente en las finanzas públicas.
Ni con la llamada austeridad republicana que se practicó en esta administración hubo un ajuste de tal profundidad.
Desde la perspectiva de las calificadoras de valores, que el gobierno se comprometa a este ajuste da certeza respecto a la sustentabilidad de las finanzas públicas en el primer año de la próxima administración.
Pero si resultara que a la hora de la verdad no se logra concretarlo, entonces podría haber el riesgo de una pérdida de confianza pues seguramente el déficit público tendría que ser mayor.
No descarte usted que incluso hubiera una reducción de la calificación de la deuda soberana del país y habría el riesgo de que esta perdiera el grado de inversión, al menos por parte de una o dos de las agencias calificadoras.
La versión oficial ha sido insistente en que no se necesita una reforma fiscal en los primeros años del próximo gobierno.
Desde la perspectiva electoral es entendible que no se quiera hablar de incrementar los impuestos.
Pero, como el lector sabe, en esta columna hemos referido reiteradamente que no parece haber sustentabilidad fiscal si no hay un incremento significativo de la captación tributaria y eso no podrá conseguirse si no hay aumento de las bases o de las tasas impositivas.
Hay tiempo aún para ajustar estas previsiones.
En el primer año de cada sexenio, la fecha de entrega del Paquete Económico se modifica. En este año no será el 8 de septiembre sino el 15 de noviembre, a las seis semanas de que el nuevo gobierno haya tomado posesión, y el Congreso tendrá hasta el término del periodo ordinario de sesiones para aprobarlo, salvo que haya un periodo extraordinario que amplíe los plazos.
El primer presupuesto de este sexenio se aprobó el 24 de diciembre por la madrugada del 2018, sirva como referencia.