El presidente López Obrador presentará una iniciativa para que algunos de ellos desaparezcan, porque, en su opinión, “no sirven para nada”.
Enrique Quintana.
El presidente López Obrador no puede ver ni en pintura a los llamados órganos autónomos.
Pero ahora va a ir más allá y no solamente los criticará en la conferencia mañanera, sino que presentará una iniciativa para que algunos de ellos desaparezcan, porque, en su opinión, “no sirven para nada”
¿De dónde vienen este tipo de órganos y cómo se construyeron?
Son relativamente recientes y su formación tiene que ver con una concepción del Estado mexicano, en la que se propuso una constelación de organismos públicos que no dependen ni reportan al Ejecutivo, con objeto de cumplir sus funciones sin la interferencia directa del presidente de la República.
Son parte de un sistema de pesos y contrapesos que ha permitido construir la democracia mexicana en los últimos treinta años.
El primero de los órganos autónomos que se constituyó fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con autonomía constitucional desde el 28 de enero de 1992. Sin embargo, respecto a él, el presidente López Obrador no ha expresado ninguna queja debido a su captura, es decir, al hecho de que la actual administración de la CNDH se volvió subordinada al Ejecutivo. Por eso no le preocupa.
La autonomía del Banco de México se concedió el 1 de abril de 1994, comenzando la era de un banco central autónomo. En el pasado, el director general del Banxico era designado por el presidente de la República y removido también por él.
La razón de la autonomía fue para impedir que los objetivos políticos del gobierno interfirieran en el diseño y aplicación de la política monetaria.
AMLO no ha cuestionado la autonomía de Banxico, pues sabe que es vital para la estabilidad.
Otra reforma relevante entró en vigor en enero de 1995 y creó un Poder Judicial realmente autónomo. Aunque lo era en el papel, fue hasta la reforma que entró en vigor en ese año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a convertirse en un contrapeso real del Poder Ejecutivo.
El siguiente gran paso se dio el 22 de agosto de 1996 cuando comenzó la era del IFE autónomo. Aunque ya existía una autoridad electoral separada del gobierno fue hasta esa fecha que obtuvo la autonomía constitucional y se convirtió en baluarte de la estabilidad política del país.
El presidente de la República refirió ayer otros órganos autónomos, que, por cierto, son los que quiere eliminar.
Uno de ellos es la Comisión Federal de Competencia Económica. Aunque sus antecedentes provienen del año 1992, a partir de septiembre de 2013 adquirió su carácter de ente constitucionalmente autónomo.
Otra de los organismos que no gustan al presidente es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Fue también en septiembre del 2013 cuando se estableció su autonomía constitucional y se le dio la facultad de regular la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, además de regular el sector.
Años atrás, el 25 de octubre del 2002, nació el entonces IFAI que luego se transformó en el INAI como vigilante del acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Desde el principio tuvo autonomía constitucional y es de los organismos que más molestan al presidente López Obrador, por su escasa vocación a rendir cuentas.
Aunque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) data del 3 de enero de 1993, fue el 31 de octubre de 1995 cuando se estableció como órgano desconcentrado de la Sener y se le otorgó autonomía técnica y operativa, misma que se fortaleció también en el año 2013.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es otro de los organismos reguladores del sector energético, se creó en noviembre del 2008, pero también fue en el año 2013 que se fortalecieron sus facultades y se reforzó su autonomía técnica y operativa.
Hay otros organismos que tienen autonomía técnica y operativa, pero los anteriores son los que más molestan al presidente López Obrador, y probablemente la iniciativa a enviar estará dirigida contra el INAI, la Cofece, la CRE y quizás incluso la CNH.
Para algunos de estos cambios y el de la Corte y el INE, está el llamado “Plan C”, pues requiere de que obtenga mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso.
En fin, de lo que habla López Obrador es de un rediseño profundo del Estado mexicano para que se parezca más al que teníamos en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.
¿Estará de acuerdo en ello la ciudadanía?