La ministra María Estela Ríos perdió el piso y afirmó que las trabajadoras del hogar no necesariamente mantienen una relación laboral con quienes las emplean, sino es una supuesta “relación familiar”.
La afirmación no solo resulta absurda, también peligrosa. Durante décadas, miles de trabajadoras del hogar han luchado para que el Estado reconozca que limpiar, cocinar, lavar, cuidar niños o atender adultos mayores no es un acto de cariño familiar, sino trabajo. Trabajo que genera derechos, obligaciones, salarios, seguridad social y protección legal.
Su argumento que parece sacado del siglo pasado
La ministra fue más lejos y sostuvo que “la relación laboral tiene que ver entre el sujeto que comete el delito y el que sufre el delito”. Una frase tan confusa como preocupante. No solo mezcla conceptos jurídicos distintos, sino que parece ignorar los principios más elementales del derecho laboral.
Resulta difícil comprender cómo alguien con formación especializada en esta materia puede llegar a semejante conclusión. Y más grave aún: cómo puede expresarla desde una de las posiciones más relevantes del sistema de justicia mexicano.
Si una persona recibe un salario, cumple horarios, realiza actividades específicas y presta servicios para otra, existe una relación laboral.
No es una opinión, ni una ocurrencia, es la base del derecho del trabajo.
Las palabras de la ministra reflejan una visión que muchos creían superada: aquella que considera a las trabajadoras domésticas como “parte de la familia” cuando conviene evitar prestaciones, vacaciones, aguinaldo o seguridad social.
Ese discurso ha servido históricamente para justificar abusos, explotación y condiciones precarias. Porque mientras algunos hablan de “familia”, miles de trabajadoras siguen enfrentando jornadas extensas, bajos salarios y falta de protección laboral.
Llamar “relación familiar” a una actividad remunerada no la convierte mágicamente en un vínculo afectivo. Solo intenta disfrazar una realidad incómoda.
Si no entiende su rama laboral, que deje el cargo…
La crítica no es por un error menor o un desliz verbal, es por la gravedad de lo dicho.
Quien ocupa un cargo de tal relevancia tiene la obligación de conocer la legislación, la jurisprudencia y los derechos que protegen a los sectores históricamente vulnerables. Si no puede distinguir entre una relación laboral y una familiar, quizá debería preguntarse si está capacitada para seguir tomando decisiones que afectan la vida de millones de personas.
Porque una cosa es equivocarse y otra muy distinta es demostrar públicamente que se desconoce aquello que se supone se debe dominar.
Y si ese desconocimiento proviene de alguien que presume ser especialista en derecho laboral, el problema ya no es el comentario. El problema es quién lo dijo.
