Mientras millones de personas celebraban el triunfo de la Selección Mexicana, en Guanajuato otra familia recibía una noticia devastadora.
Patricia Negrete, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir” y buscadora de su hermana desaparecida desde 2021, fue asesinada a balazos cuando salía de trabajar del Hospital Regional de Pénjamo.
La escena retrata con brutalidad la realidad que viven miles de familias en México: el Estado no encuentra a los desaparecidos y tampoco protege a quienes salen a buscarlos.
Patricia dedicó los últimos años de su vida a recorrer caminos, participar en jornadas de búsqueda, reunirse con autoridades y exigir respuestas. No pidió privilegios ni favores. Exigió algo que cualquier ciudadano debería tener garantizado: justicia.
Sin embargo, en México levantar la voz suele ser más peligroso que guardar silencio.
Minutos después de las 10:30pm, hombres armados a bordo de una motocicleta la interceptaron sobre el bulevar Santos Degollado, a unos metros del hospital donde trabajaba. Los agresores dispararon y escaparon.
Patricia murió por la violencia que durante años denunció y hasta ahora nadie ha informado sobre detenidos.
Guanajuato acumula víctimas y las autoridades acumulan discursos
El asesinato de Patricia no es un hecho aislado. Con su muerte ya son cuatro las mujeres buscadoras asesinadas en el Estado durante 2026.
Antes cayeron Cecilia García Ramblas, Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta.
La cifra debería provocar indignación nacional. En cambio, parece perderse entre comunicados, promesas y declaraciones oficiales que rara vez cambian la realidad.
Las autoridades suelen convocar mesas de diálogo, anunciar estrategias y repetir compromisos. Los grupos criminales, por su parte, siguen imponiendo las reglas con balas.
Un país que abandona a las víctimas
La historia de Patricia expone uno de los mayores fracasos del Estado mexicano. Una mujer tuvo que convertirse en investigadora, activista y buscadora porque las instituciones no lograron encontrar a su hermana desaparecida.
Y cuando decidió no rendirse, la violencia la alcanzó.
Resulta imposible ignorar la ironía cruel: quienes deberían buscar a los desaparecidos cuentan con presupuestos, oficinas, patrullas y fiscalías. Quienes terminan recorriendo cerros, brechas y fosas clandestinas son las madres, hermanas e hijas.
Ellas hacen el trabajo que las autoridades no hacen.
Cada buscadora asesinada envía un mensaje aterrador a miles de familias: reclamar justicia puede costar la vida.
La impunidad no solo protege a los responsables de las desapariciones. También alimenta un entorno donde cualquiera que incomode, denuncie o exija respuestas queda expuesto.
Patricia Negrete no murió por casualidad. Murió en un país donde buscar a un desaparecido se ha convertido en una actividad de riesgo extremo y donde el Estado sigue sin garantizar la seguridad de quienes realizan esa labor.
Mientras algunos celebraban un resultado deportivo, otra familia entraba al largo y doloroso listado de víctimas que esperan justicia.
Y esa derrota, a diferencia de un partido de futbol, nadie parece dispuesto a reconocerla.
