Lo que debería ser un derecho garantizado terminó en los tribunales. Padres de familia del CAM Jean Piaget interpusieron un amparo para exigir que la Secretaría de Educación Pública (SEP) garantice una educación adecuada para niñas, niños y adolescentes con sordera.
La medida surge después de que las familias denunciaran que la dependencia no ha asegurado una enseñanza en Lengua de Señas Mexicana (LSM), considerada la lengua materna de muchos de los estudiantes.
La inclusión se quedó en el discurso
Mientras la SEP sostiene que existen condiciones de calidad para atender a los alumnos, los padres aseguran vivir una realidad completamente distinta.
Las familias denunciaron la falta de personal especializado y señalaron que la inclusión que tanto presume el sistema educativo no se refleja dentro de las aulas.
Incluso, una de las denuncias más indignantes apunta a que una supervisora habría calificado sus exigencias como “caprichos”.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo exigir educación digna para un hijo se convirtió en un capricho?
Durante una conferencia de prensa, uno de los testimonios dejó en evidencia la gravedad del problema.
Un estudiante reveló que su propia maestra reconoce no dominar la Lengua de Señas Mexicana y que ha sido él quien le ha enseñado algunos signos.
La situación ha generado indignación entre las familias, que consideran inaceptable que los alumnos tengan que compensar las carencias del sistema educativo.
Porque una cosa es aprender juntos y otra muy distinta es que el Estado traslade su responsabilidad a los propios estudiantes.
El problema también golpea a las familias
Los padres explicaron que las deficiencias no solo afectan el rendimiento académico de sus hijos.
También han impactado su dinámica familiar, sus horarios laborales y la estabilidad emocional de los menores.
Además, denunciaron que la institución pretende integrar grupos mixtos sin contar con docentes debidamente capacitados.
Según las familias, el personal contratado desconoce el modelo educativo especializado que requieren los estudiantes con sordera.
Además, insistieron que actualmente Puebla no cuenta con otra institución pública o privada que garantice una educación especializada e integral para estudiantes con sordera.
Por ello, esperan que la resolución del amparo, prevista para los primeros días de julio, obligue a las autoridades a corregir las deficiencias.
Porque la verdadera inclusión no se construye con discursos, campañas o fotografías institucionales. Se construye con maestros preparados, recursos suficientes y políticas públicas que funcionen.
