A Lupita Daniel le cayó una sanción de diez años de inhabilitación y una multa de 7.6 millones de pesos, pero la exalcaldesa de Cuautlancingo ya encontró a quién echarle la culpa: según ella, hay persecución política.
Porque cuando el Tribunal te pone un estate quieto justo cuando quieres volver al poder, siempre queda el recurso de sacar el pañuelo.
La morenista salió a defenderse en rueda de prensa después de que el Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla la señalara como responsable de una falta administrativa grave relacionada con el desvío de recursos públicos durante su gestión de 2018 a 2021.
Aseguró que no está inhabilitada y dejó entrever que alguien busca cerrarle el paso rumbo a 2027. En su versión, el Tribunal y la Auditoría Superior del Estado estarían actuando por consigna.
Mientras ella hablaba de mentiras, su propio abogado sostuvo que el problema estaba en presuntos errores de la resolución. Es decir, la defensa se fue por las fallas jurídicas y su clienta por la conspiración.
Todo llega justo cuando Daniel buscaba volver a la pelea política de Cuautlancingo con Morena.
La exalcaldesa insiste en que no está inhabilitada, pero una cosa es lo que ella declare ante los micrófonos y otra lo que establece una resolución judicial.
Mientras tanto, si Lupita quiere recuperar el poder, primero tendrá que aclarar el expediente que hoy le está haciendo sombra.
