Trabajadores federales del Poder Judicial, iniciaron este viernes un paro nacional y cerraron instalaciones en distintos estados, incluida la sede ubicada en San Andrés Cholula, Puebla.
¿El motivo? Un nuevo esquema de evaluación que tiene a los empleados con el jesús en la boca.
Los inconformes no están diciendo que no quieren exámenes. Lo que cuestionan es que el conocimiento valga apenas el 40% de la calificación, mientras el 60% restante dependa de otros factores, como evaluaciones de superiores, compañeros y criterios de desempeño.
El abogado Manuel Vázquez resumió el reclamo con una frase: están defendiendo sus derechos laborales.
Y la preocupación no es menor, pues los trabajadores temen que las evaluaciones se conviertan en una herramienta de presión o represalias dentro de los juzgados.
La protesta ya se extendió a por lo menos 17 estados y amenaza con prolongarse mientras no se revise el acuerdo. Los empleados exigen criterios claros, evaluaciones objetivas y garantías para que su trayectoria profesional no quede a merced de calificaciones que consideran cuestionables.
Del otro lado, el Órgano de Administración Judicial sostiene que la primera evaluación, programada para diciembre, será diagnóstica y no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia del personal.
Sin embargo, el esquema contempla mecanismos posteriores que sí pueden afectar la continuidad laboral en determinados casos.
Por ahora, los juzgados están en medio del jaloneo y la pregunta sigue en el aire: ¿habrá diálogo para corregir las reglas o la bronca terminará creciendo?…
