¿Qué le pasó al INE? ¿En qué momento el árbitro electoral que tanto defendimos terminó metido en un escándalo que hoy tiene a medio país preguntándose qué demonios estaba pasando dentro de sus propias oficinas?
El árbitro que debía vigilar que nadie hiciera trampa ahora tiene que explicar qué está pasando en su propia cancha.
El Instituto Federal Electoral, el famoso IFE, nació en 1990, en un México donde la confianza en las elecciones era uno de los grandes pendientes de la democracia.
En 2014, una reforma transformó al IFE en el Instituto Nacional Electoral, con nuevas atribuciones para organizar los comicios federales y coordinarse con los organismos electorales locales.
El INE no era perfecto, ni sus consejeros eran santos, ni sus decisiones estaban libres de críticas. Pero su autonomía tenía una razón de ser: evitar que el gobierno en turno pudiera meter las manos a su antojo en la organización de las elecciones.
Pero llegó López Obrador y el INE se convirtió en uno de sus pleitos favoritos. Cada crítica, cada resolución y cada choque con la autoridad electoral alimentaban la narrativa de que el organismo estaba lleno de privilegios y necesitaba una transformación profunda.
AMLO decía que había que cambiar al INE para hacerlo más austero, más eficiente y más cercano al pueblo. Pero una cosa es cuestionar los excesos de una institución y otra muy distinta es debilitar los contrapesos porque no te gusta quién los encabeza.
En 2022, López Obrador impulsó una reforma electoral que pretendía modificar la estructura y el funcionamiento de las autoridades electorales, además de cambiar aspectos del sistema de representación política.
La reforma constitucional no consiguió los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Después vino el llamado plan B, con modificaciones legales que terminaron en una batalla judicial y cuya parte central fue invalidada por la Suprema Corte debido a violaciones al procedimiento legislativo
El 13 de noviembre de 2022, miles de personas salieron a las calles para defender al INE bajo una consigna que se volvió bandera: “El INE no se toca”.
La movilización reunió a ciudadanos, organizaciones y actores políticos que veían en la reforma un riesgo para la autonomía electoral.
El problema vino, cuando la oposición encontró una causa para enfrentar a Morena y el oficialismo encontró otro motivo para acusar a sus adversarios de defender privilegios.
La gente salió a defender una institución, no a comprarle un cheque en blanco a sus consejeros. Y esta diferencia es fundamental, porque defender al INE nunca debió significar que sus integrantes podían hacer lo que les diera la gana sin rendir cuentas.
La autonomía no es patente de corso. No significa que puedas hacer y deshacer mientras todos se quedan calladitos porque hay que proteger a la democracia.
En abril de 2023 terminó la presidencia de Lorenzo Córdova y llegó el relevo de cuatro integrantes del Consejo General, incluida la nueva consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Como no hubo acuerdo entre las fuerzas políticas para reunir la mayoría calificada necesaria, la designación terminó mediante insaculación, es decir, por sorteo. Taddei asumió la presidencia el 3 de abril de 2023.
AMLO, que durante años había mantenido una confrontación constante con el INE y con Córdova, recibió con los brazos abiertos el nombramiento de Taddei. La llamó honesta, íntegra y experimentada; incluso dijo que era incapaz de actuar como el presidente saliente.
¡Qué bonito! El mismo hombre que se cansó de cuestionar al instituto ahora aplaudía a quien llegaba a dirigirlo. De pronto, el INE ya no parecía tan terrible cuando la persona al frente era alguien a quien el presidente veía con buenos ojos.
¿La autonomía del INE se iba a fortalecer o comenzaría una etapa en la que la cercanía con el poder pesaría demasiado?
Porque una presidenta electoral no tiene que demostrar que es enemiga del gobierno, pero tampoco puede dar la impresión de que le debe favores. Su obligación es con la ley, no con quien le aplaude desde Palacio Nacional.
Su nombramiento venía acompañado de cuestionamientos por los vínculos familiares de Taddei con personas cercanas a Morena, la mejor forma de despejar las dudas era trabajar con absoluta transparencia, fortalecer los contrapesos y evitar cualquier conflicto de interés.
Y cuando parecía que el INE ya había sobrevivido a los pleitos políticos, llegó el escándalo que terminó por sacudirlo desde adentro.
Durante los últimos días se difundieron reportajes, videos y audios que pusieron bajo sospecha la relación de Taddei y personas de su entorno con proveedores del instituto. La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
Traducido al español, hay preguntas muy serias sobre quiénes consiguieron contratos, cómo los consiguieron y si existieron relaciones que pudieron comprometer la transparencia de esos procedimientos.
Una investigación periodística reportó que empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron 853 millones de pesos en 21 licitaciones en las que, según el reportaje, al menos dos compañías del mismo entramado aparentaban competir entre sí. Las empresas señaladas también habrían obtenido contratos en organismos electorales locales.
¡Ochocientos cincuenta y tres millones de pesos! Y mientras millones de mexicanos se parten la madre trabajando, ahora toca preguntar cómo se adjudicaron esos contratos y si la competencia fue real o solamente un teatro para cumplir con el trámite.
¿De qué sirve presumir que eres el árbitro de la democracia si ahora tienes que explicar quién estaba moviendo las piezas detrás de tu propia cancha?
El 25 de octubre de 2026, Guadalupe Taddei anunció que renunciaría a la presidencia del INE y formalizó su salida al día siguiente, en medio del escándalo por los contratos y los posibles conflictos de interés.
En su comunicado sostuvo que su decisión buscaba proteger al instituto y que la renuncia no relevaba a nadie de esclarecer los hechos que debieran investigarse.
Pero su renuncia no borra contratos, no desaparece expedientes y no convierte las dudas en asunto olvidado.
Además, la salida de Taddei vino acompañada de renuncias de integrantes de su equipo. La nueva presidencia anunció una revisión interna y la suspensión temporal de nuevas adjudicaciones, con excepciones para servicios indispensables, mientras se revisan los procedimientos.
Después, el Consejo General eligió a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE el 27 de octubre. La poblana había encabezado el Instituto Electoral del Estado de Puebla antes de incorporarse al organismo nacional en abril de 2026.
Para Puebla es relevante que una exresponsable del Instituto Electoral Estatal llegue ahora a encabezar, aunque sea provisionalmente, el organismo nacional.
Pero no nos emocionemos antes de tiempo. Que llegue una nueva presidenta no significa que el INE ya esté limpio, que los problemas hayan desaparecido o que de pronto todos vayan a portarse bien.
Blanca Cruz recibe una institución golpeada por el escándalo, con investigaciones en curso y con la enorme responsabilidad de recuperar la confianza pública.
Y a estas alturas, el INE no necesita discursos bonitos ni una campaña de relaciones públicas. Necesita cuentas claras, decisiones colegiadas, auditorías serias y consecuencias si se demuestra que alguien metió la mano donde no debía.
¿El INE ya valió queso?
El INE no es el único órgano constitucional autónomo del país, pero sí es uno de los contrapesos más importantes para la democracia mexicana.
Cuando su independencia y credibilidad quedan bajo sospecha, el golpe no se limita a sus oficinas: alcanza a todos los ciudadanos que dependen de elecciones confiables para decidir quién gobierna.
Porque el INE no está para cuidar a Morena, al PAN, al PRI ni a ningún otro partido. Tampoco para quedar bien con la Presidencia, con los empresarios que ganan contratos o con los políticos que buscan conservar el poder.
Su chamba es organizar elecciones confiables, garantizar que el voto se respete y actuar con independencia, aunque eso signifique incomodar a quienes mandan.
Por eso resulta tan cabrona la ironía: durante años, la discusión fue cómo defender al INE de los intentos del poder político por cambiarlo a su conveniencia. Ahora también tenemos que preguntar cómo protegerlo de sus propios problemas internos.
Aquí no hay intocables. Ni los expresidentes, ni los partidos, ni los consejeros, ni los proveedores, ni quienes hoy llegan a corregir el rumbo.
El INE necesita recuperar la confianza, pero no va a lograrlo pidiendo que la gente olvide lo ocurrido. La confianza se gana cuando las instituciones explican sus decisiones, transparentan sus recursos y aceptan que la ley también les aplica a ellas.
¿Qué le pasó al INE? La respuesta no cabe en una sola renuncia ni en el nombramiento de una nueva presidenta. Es una historia de disputas por el poder, de promesas de transformación y de una crisis que hoy obliga a revisar qué tan sólidos son los contrapesos que creíamos tener.
El INE le pertenece a la ciudadanía que necesita confiar en que su voto vale lo mismo y que las elecciones no están arregladas desde antes.
Y si el juez electoral termina bajo sospecha, el partido completo queda en entredicho.
Porque si el árbitro ya no inspira confianza, ¿quién nos garantiza que el juego se está jugando limpio?…
