Hay noticias que no solo generan sorpresa; provocan coraje.
El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que en el Hospital Infantil de México encontraron alrededor de 18.4 millones de medicamentos caducados, con un valor superior a 121 millones de pesos.
Según explicó, esas piezas se acumularon durante varios años y el nuevo director del hospital las detectó durante una revisión.
Ahora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga qué ocurrió, quién permitió que el problema creciera y quién tendrá que responder por semejante desastre.
¿Cómo demonios pasa algo así?
Lo verdaderamente indignante no es solo la cantidad de medicamentos que terminaron en la basura. Lo que enoja es que esto ocurriera en un país donde miles de familias llevan años denunciando la falta de tratamientos, el desabasto y las largas esperas para conseguir una medicina.
Resulta imposible no preguntarse: ¿cómo pueden caducar millones de piezas dentro de un hospital mientras afuera hay pacientes recorriendo farmacias, hospitales y hasta estados completos para encontrar un medicamento?
Aquí no se perdió únicamente dinero público. También se perdió tiempo, planeación y confianza en un sistema de salud que prometió ser ejemplo mundial.
Las explicaciones ya no alcanzan
El gobierno sostiene que los medicamentos se acumularon durante varios años y puede ser. Pero esa respuesta abre otra pregunta todavía más incómoda: ¿cómo nadie detectó antes un problema de semejante tamaño?
Dieciocho millones de piezas no desaparecen detrás de una caja. Hablan de fallas en la supervisión, el almacenamiento, la administración y el control de inventarios.
La salud no admite este tipo de errores
Cada caja de medicamento que caducó representa recursos públicos desperdiciados.
Pero también simboliza algo mucho más grave: un sistema que permitió que insumos valiosos perdieran utilidad sin llegar a quienes los necesitaban.
Ahora las autoridades prometen investigar y encontrar responsables. Ojalá esta vez no todo termine en otro expediente olvidado, porque la indignación no nace solo por los 121 millones de pesos perdidos.
Nace porque, mientras millones de medicamentos terminaban inservibles dentro de un almacén, había familias esperando una llamada, una receta surtida o un tratamiento para sus hijos.
Y eso no puede reducirse a un simple “error administrativo”. Cuando la negligencia alcanza a un hospital infantil, la factura no solo se mide en dinero. Se mide en la confianza rota de miles de familias que esperan que el sistema de salud las cuide, no que desperdicie los recursos destinados a salvar vidas.
