Mientras el discurso oficial presume que “es tiempo de mujeres” y que existe cero tolerancia a la violencia de género, un nuevo caso vuelve a poner a prueba esa promesa.
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex y actual director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), fue exhibido en un video difundido por su esposa, María Felicia Jiménez, quien lo acusa de violencia intrafamiliar.
La denuncia no llegó desde la oposición ni de un adversario político. Llegó desde su propio hogar.
“Ayuda, presidenta”
En el video publicado en YouTube, María Felicia Jiménez afirma que un alto funcionario del actual gobierno la agrede dentro de su casa y lanza un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Este es un gobierno liderado por mujeres… ayuda, presidenta.”
La acusación también señala que los hechos habrían ocurrido el 15 de marzo, cuando Rodríguez Padilla todavía dirigía Pemex.
Dos meses después, el 14 de mayo, Claudia Sheinbaum anunció su salida de la empresa productiva del Estado y lo nombró director del INEEL, destacando públicamente su profesionalismo, honradez y trayectoria.
Los discursos ya no alcanzan
Este caso no puede resolverse con el manual de siempre: un comunicado tibio, silencio institucional o esperar a que la polémica desaparezca.
Cuando cualquier ciudadano enfrenta una denuncia de violencia familiar, las autoridades exigen que la justicia actúe.
Si el señalado ocupa un alto cargo público, el estándar no debería bajar; debería ser todavía más alto.
Porque la credibilidad de un gobierno que dice defender a las mujeres no se mide por los discursos del 8 de marzo, sino por la forma en que responde cuando uno de los suyos queda bajo una acusación de esta gravedad.
La vara debe ser la misma para todos
Víctor Rodríguez Padilla tiene derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso. Pero eso no impide que las autoridades investiguen con rapidez ni que el gobierno explique qué medidas tomará mientras se esclarecen los hechos.
Si la promesa de “cero tolerancia” aplica solo para los adversarios políticos y se vuelve flexible cuando el acusado pertenece al propio gobierno, entonces deja de ser un principio y se convierte en un simple eslogan.
Porque el verdadero compromiso con las mujeres no se demuestra con frases de campaña.
Se demuestra cuando el poder deja de proteger a los suyos y permite que la justicia actúe sin privilegios ni excepciones.
