Mtro Gerardo Galicia
En México llevamos años fingiendo sorpresa cada vez que una acusación de narcopolítica emerge desde el extranjero, como si la pudrición institucional fuera un descubrimiento repentino y no una verdad que millones de ciudadanos viven todos los días. Hoy el nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se instala en el centro de esa podredumbre política luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara formalmente —junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses— de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
No se trata de un rumor de sobremesa, ni de una filtración sin firma, ni de un escándalo mediático armado por la oposición mexicana. Se trata de una acusación judicial emanada desde la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y respaldada por la DEA, donde se sostiene que Rocha Moya y su círculo político habrían ofrecido protección institucional, respaldo policial, cobertura administrativa y facilidades operativas a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El mensaje no es menor: para Estados Unidos, el problema del narcotráfico en Sinaloa ya no es solamente criminal… es gubernamental.
Y ahí es donde la narrativa oficial mexicana se derrumba.
Porque mientras desde Palacio Nacional se habla de “falta de pruebas”, de “injerencismo” y de “unidad nacional frente al embate exterior”, la pregunta de fondo no es si Washington tiene o no razón jurídica inmediata. La pregunta es mucho más devastadora: ¿por qué el gobierno mexicano sigue defendiendo políticamente a un gobernador cuya administración ha sido incapaz de explicar la violencia, la expansión criminal, las fracturas internas del cartel y el colapso de la seguridad pública en Sinaloa?
Rubén Rocha Moya no aparece hoy en el radar norteamericano por generación espontánea. Su nombre lleva meses orbitando en expedientes diplomáticos, reportes de inteligencia y advertencias periodísticas. Incluso trascendió que desde 2025 Estados Unidos le había revocado la visa, una señal inequívoca de que el expediente ya caminaba silenciosamente en oficinas federales estadounidenses. Mientras aquí se seguían cortando listones, dando conferencias y posando con el discurso de la transformación, allá se cocinaba una acusación que hoy estalla como misil diplomático.
Lo verdaderamente alarmante no es solo que un gobernador mexicano sea acusado por narcotráfico. Lo verdaderamente grave es que el Estado mexicano parezca más preocupado por defender la soberanía discursiva que por limpiar la soberanía institucional. Morena ha decidido cerrar filas no alrededor de la verdad, sino alrededor de la conveniencia. Porque reconocer que Rocha Moya está políticamente herido implicaría aceptar algo todavía más profundo: que el discurso de regeneración moral quedó atrapado en las mismas redes de impunidad que prometió destruir.
Sinaloa hoy es el laboratorio del fracaso.
Retenes militares por toda Culiacán. Asesinatos selectivos. Disputas entre facciones criminales. Policías rebasadas. Un gobernador que declara no tener miedo mientras la ciudad entera vive sitiada por el miedo cotidiano. La postal es brutal: el poder civil ya no transmite autoridad, transmite sospecha.
Y cuando un mandatario pierde credibilidad interna y además se convierte en objetivo judicial del principal socio comercial y de seguridad de México, deja de ser solamente un problema local: se vuelve una crisis de Estado.
La acusación contra Rocha Moya golpea tres frentes simultáneos.
Golpea a Morena, porque exhibe que sus gobiernos tampoco son inmunes a la penetración criminal.
Golpea a Claudia Sheinbaum, porque la obliga a decidir entre la defensa partidista o el costo diplomático.
Y golpea a México entero, porque confirma ante el mundo una tesis devastadora: en varias regiones del país, la línea entre gobierno y crimen ya no está borrosa… está peligrosamente mezclada.
Estados Unidos no está descubriendo la narcopolítica mexicana; simplemente está poniendo por escrito lo que aquí muchos prefirieron administrar con silencio.
La gran tragedia es esa: que tuvo que venir Washington a decirnos lo que Sinaloa lleva años gritando con balas.
Porque cuando un gobernador necesita más respaldo político que legitimidad ciudadana, ya no gobierna un estado…
administra una sospecha
